Petróleos Mexicanos (Pemex) logró extinguir el incendio en el pozo Krem-1, ubicado en este municipio del sur de Veracruz, tras más de cuatro meses de operaciones ininterrumpidas para atender la emergencia ocasionada por una explosión durante labores de perforación.
De acuerdo con la empresa estatal, los trabajos técnicos especializados y la aplicación de equipos de control permitieron detener el flujo en la superficie, dando por concluida la etapa crítica de la contingencia.
Tras el cierre del pozo, la petrolera anunció la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento ambiental, así como un esquema de indemnizaciones y reparación de daños que se ejecutará en coordinación con las autoridades y en mesa de diálogo con los pobladores locales.
Atención médica e infraestructura para las comunidades
Como parte de las medidas de mitigación en la zona afectada, Pemex desplegó Unidades Médicas Móviles para brindar asistencia médica y odontológica en más de 45 comunidades rurales. Asimismo, avanza en la edificación de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y en el equipamiento de los centros de salud en El Remolino y Linda Vista.
En cuanto a la infraestructura vial, la empresa informó que se encuentra en la fase final de ingeniería para la pavimentación de 26 kilómetros del tramo carretero que conecta a los ejidos Río Playas y El Remolino.
Adicionalmente, se entregaron al Ayuntamiento de Las Choapas:
- 1,000 toneladas de concreto.
- 1 unidad tipo Vactor para desazolve.
- 1 pipa de agua con capacidad de 10,000 litros.
- Combustibles para la rehabilitación de caminos rurales.
Mapeo de daños y reclamos ciudadanos
Brigadas del Programa de Atención de Afectaciones continúan con los recorridos de campo para levantar expedientes e integrar un diagnóstico detallado de las pérdidas reportadas por la población.
El siniestro generó protestas por parte de las comunidades aledañas debido a problemas de salud derivados de la inhalación de gases tóxicos. Asimismo, productores locales reportaron graves impactos ambientales, como la pérdida de ganado, aves y especies acuáticas, la desecación de arroyos y la contaminación de parcelas agrícolas. Organizaciones ambientalistas han señalado presuntas omisiones por parte de las autoridades estatales ante la ausencia de sanciones administrativas contra la petrolera.
