Por Antulio Ficachi
El dirigente tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, ya pasa más tiempo haciendo check-in en el aeropuerto de Dulles que despachando en Insurgentes Norte. Tras su tercera incursión en Washington para denunciar que el INE censura y que en la 4T hay aroma a delincuencia organizada, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, no tardó en calificarlo de “traidor a la patria”.
Eso sí, en el fondo del debate no hay ideologías, sino un clásico juego de pincitas judiciales: mientras Montiel le recuerda la fresca captura del contador del hermano de Alito por presuntos enjuagues en Campeche, el campechano insiste en pedir la intervención del Tío Sam.
Entre acusaciones de traición de un lado y solicitudes de asilo diplomático del otro, queda claro que para algunos la patria es primero… siempre y cuando tenga tratado de no extradición.
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En los pasillos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras de Veracruz provocaron un arqueo de ceja generalizado. La entidad se metió holgadamente al top 10 nacional de homicidios dolosos con 500 carpetas de investigación en siete meses.
Pero como en la política la forma es fondo y la estadística es chicle, desde la Federación festejaron con mariachi un “ajuste positivo”: un modesto recorte del 7.2% en el promedio diario de muertes. Es decir, el estado figura como el octavo más violento del país, pero nos piden aplaudir porque la carnicería se hace con un poco más de calma.
Consuelo de tontos, dirían por ahí.
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Por los rumbos de la Plaza Lerdo, la gobernadora Rocío Nahle tuvo que salir al paso del escándalo que involucra a la diputada Dorheny García Cayetano, acusada por un excolaborador de practicar el milenario y nunca bien ponderado arte del “moche” salarial.
Nahle, fina en la gambeta y mentira política, dejó en claro que la “venganza de la nómina” no se tolera ni en Morena ni en el PRI, pero le pasó la bola al denunciante pidiéndole que entregue audios, recibos y hasta la fe de bautismo si quiere que corra la guillotina.
La duda que recorre los pasillos del Congreso Local es: si para encarcelar el moche se exige un expediente digno del expediente Warren, ¿cuántos diputados se quedarán cobrando el diezmo entre el silencio y la complicidad?
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Menudo sablazo de la Auditoría Superior de la Federación al expediente del exgobernador Cuitláhuac García. Resulta que en el SESVER evaporaron más de 1,000 millones de pesos en pura utilería: 262 millones en escoltas privados invisibles y 400 millones más en una “mágica” limpieza hospitalaria sin jabón, trapos ni evidencias, sólo en 2024.
El contraste raya en el cinismo puro y duro: gastaron más de 660 millones en saquear los pasillos, pero para surtir medicinas al pueblo sólo alcanzaron 25 miserables millones.
Mientras la salud pública veracruzana requiere terapia intensiva, los bienes inmuebles en la colonia Progreso lucen en perfecta salud y estado rozagante, sospechosamente ligados al catedrático de cabecera y Rector del Mal, Atanasio García, junto a su ávida comitiva de parientes y prestanombres.
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Al que no le entra la bala del insulto es al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil. Luego de que sus detractores lo bautizaran despectivamente como “el conserje de Palacio” por andar supervisando el rescate de baños y los trabajos de pintura en el inmueble de Enríquez, el funcionario respondió con sarcasmo: no sólo aceptó el título, sino que se dijo dispuesto a ejercer de jardinero, albañil o taxista.
Dice Ahued que prefiere que lo llamen barrendero antes que ladrón, mientras presume haber reducido su escolta a solo cinco elementos para diferenciarse de los fantoches del pasado.
En un gabinete donde más de uno busca la estatua de bronce antes de terminar el encargo, que el encargado de la política interna prefiera la escoba al trono deja a varios buscando dónde esconder el plumero.
