En una maratónica audiencia nocturna que se prolongó hasta la madrugada de este miércoles, un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con la noche trágica de Ayotzinapa.
Mario Elizondo Martínez, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio, por lo que el exmandatario permanecerá recluso en el Penal del Altiplano. Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual vencerá el próximo 4 de diciembre.
La acusación: manipulación y destrucción de evidencia
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa formalmente a Aguirre Rivero de haber ordenado ocultar o destruir las grabaciones de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, tomadas entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La imputación de la FGR —que contempla penas de 40 a 60 años de cárcel— se fundamenta en los testimonios de dos exfuncionarias judiciales de Guerrero, actualmente también bajo proceso:
- Blanca María del Rocío Estrada Ortega (exvisitadora del TSJEG): Declaró que el 29 de septiembre de 2014 sustrajo de la oficina de la magistrada Lambertina Galeana Marín el disco con las filmaciones y se lo entregó personalmente a Aguirre a las 20:30 horas en Chilpancingo.
- Reuniones en el Ejecutivo: Estrada afirmó que al día siguiente se realizaron encuentros en el Palacio de Gobierno donde el exgobernador cuestionó a su equipo si ya se habían destruido las evidencias, expresando que el asunto “no podía pasar a mayores” dada su cercanía con el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Al dictar la resolución, el juzgador puntualizó que en delitos como la desaparición forzada la ley exige un estándar de prueba atenuado e indiciario:
“Aquí no vamos a encontrar pruebas directas, porque el objetivo mismo del delito es ocultar evidencias”, argumentó el Juez Elizondo.
La estrategia de la defensa: la coartada en Polanco
La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Guillermo Barradas Cendón, desplegó un paquete de 31 datos de prueba buscando desmontar los horarios e itinerarios presentados por la fiscalía.
Entre los elementos presentados destacaron:
- Reunión en la capital del país: Testimonios, bitácoras de vuelo y reportes periodísticos que ubican a Aguirre el 29 de septiembre a las 18:00 horas en una reunión privada con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Torre Chapultepec de la Ciudad de México.
- Itinerario de regreso: El testimonio del coronel Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador de transporte aéreo, quien declaró que tras la cita en la capital trasladó de vuelta a Aguirre a Chilpancingo, arribando a la capital guerrerense alrededor de las 23:00 horas (horas después de la supuesta entrega del disco).
- Inconsistencia de las sedes: La defensa acreditó que las reuniones del 30 de septiembre no ocurrieron en el Palacio de Gobierno sino en Casa Guerrero, contando con la presencia de mandos federales —como el entonces comandante de la Octava Zona Naval, Rafael Ojeda Durán— y sin la asistencia de las exfuncionarias del Tribunal.
A pesar de los descargos, el juzgador desestimó que los indicios presentados por la defensa excluyeran la probabilidad del delito, señalando que las aproximaciones de horarios no imposibilitaban un eventual encuentro posterior. La defensa adelantó que apelará la decisión.
El clamor de las familias
Durante la diligencia, realizada de forma híbrida, madres y padres de los 43 normalistas intervienen mediante videoconferencia desde las instalaciones del Centro Prodh para exigir que no se le concediera la libertad al imputado.
“Queremos que vincule a proceso a este señor; le pido de favor como mamá que no le dé la libertad”, expresó entre lágrimas la madre identificada con las siglas M.M.O. Otra de las familiares exigió profundizar las investigaciones hacia el Ejecutivo federal de aquel sexenio.
Tras desestimar por defectos técnicos un rastreo de geolocalización presentado a última hora por la FGR, el juez concluyó la sesión decretando la permanencia de Aguirre Rivero en el penal de máxima seguridad, abriendo formalmente la etapa de instrucción del juicio.
