Por Antulio Ficachi
Dicen quienes todavía se asoman a las tripas de la política nacional que en la Secretaría de Gobernación andan desempolvando el viejo manual de la censura, pero ahora con portada guinda y lenguaje de “transformación”.
El asunto rebotó hasta Nueva York. La columnista Mary Anastasia O’Grady, del Wall Street Journal, puso el reflector sobre la prisa oficial por estrenar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el organismo que vendría a ocupar el espacio dejado por el difunto IFT.
Y, según las sospechas que circulan, el apuro no sería precisamente para mejorar la calidad de la programación.
El verdadero negocio político sería contar con un árbitro, pero no uno de esos que pitan parejo. Más bien uno con garrote, listo para decidir qué información es “prioritaria”, cuál es “desinformación” y, sobre todo, qué noticia puede convertirse en una incómoda piedra en el zapato rumbo a 2027.
Particularmente aquellas que hablen de presuntas ligas entre personajes del partido Morena y el crimen organizado.
Porque una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta es permitir que la libertad se exprese.
Si al concesionario se le ocurre insistir en una noticia que incomode al poder, ahí podrían aparecer multas, procedimientos y demás instrumentos pedagógicos para enseñarle las ventajas económicas de la autocensura.
En Palacio dirán que todo es por el bien público.
Y claro: también las mordazas, bien administradas, pueden presentarse como política pública.
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Para datos menos retóricos y bastante más escalofriantes, ahí está el Monitor de Seguridad de la Coparmex.
Mientras desde el púlpito oficial se insiste en que la violencia va bajando, la extorsión parece no haber recibido el memorándum.
El delito alcanzó niveles alarmantes, con miles de víctimas registradas durante el primer semestre de 2026. Y si a eso se suma la enorme cifra negra, resulta que las denuncias apenas permiten ver la punta del monstruo.
Chihuahua registró un incremento que parece sacado de una mala broma estadística. Y Cuautla, Morelos, destaca por una tasa que debería tener encendidas todas las alarmas.
Pero hay un detalle particularmente sabroso: buena parte de las extorsiones se realiza por llamadas y WhatsApp desde los penales.
Los empresarios piden inhibidores de señal.
La pregunta es por qué, si la tecnología existe y el problema es conocido desde hace años, los bloqueadores siguen siendo más difíciles de encontrar que un funcionario dispuesto a reconocer un fracaso.
¿Será falta de presupuesto?
¿O habrá quienes prefieren que la señal siga entrando… y que ciertos incentivos también?
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Y en Veracruz, la emperatriz del mármol tampoco parece haber tenido un inicio de año precisamente imperial en materia de seguridad.
Cuando los números oficiales acumulan homicidios y la entidad sigue apareciendo en las conversaciones nacionales por la violencia, el discurso gubernamental insiste en que todo marcha sobre rieles.
Quizá el problema es que los rieles pasan por otro estado.
A la crisis de seguridad se suma el rezago educativo. Veracruz continúa entre las entidades con mayor proporción de adultos que no han concluido la educación básica.
Una combinación espléndida para cualquier proyecto de desarrollo: violencia por un lado y abandono educativo por el otro.
La transformación, pues, corre el riesgo de dejar un estado con menos libros y más velorios.
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En Lerdo de Tejada, el cierre del Ingenio San Pedro encontró una respuesta gubernamental que podría resumirse en una frase: si ya no quiere, pues no hay modo.
Ante la afectación de miles de cañeros y trabajadores, la reacción inicial de la gobernadora Rocío Nahle pareció más cercana a la soberbia y prepotencia que a una estrategia de crisis.
Después vino la rectificación. Que había “una, dos, tres, cuatro opciones”. Magnífico. Nada más faltó saber cuáles eran.
Curioso, las opciones abstractas tienen una gran virtud: no cuestan nada. Lástima que tampoco pagan salarios, rescatan empleos ni ponen a funcionar una caldera.
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Y para cerrar la función, apareció el misterio de la declaración patrimonial reservada.
Según explicó la gobernadora, no había opacidad, sino un problema técnico. Un servidor enfermo, suponemos. Y qué casualidad que el padecimiento se resolviera justo después de los reclamos públicos.
Pero no hay nada que ocultar, asegura la señora Nahle. Ella y su esposo llevan décadas sirviendo ‘honestamente’ al presupuesto público, y todo estaría en orden.
También extendió certificados de buena conducta patrimonial a integrantes de su gabinete. Habrá que creerle. Después de todo, el servidor ya habló.
Y cuando un servidor público se compone milagrosamente, en Veracruz no queda más que sacar la banda y celebrar.
Con estas noticias, hasta dan ganas de cerrar los ojos, formar la fila y escuchar La Marcha de Zacatecas.
Porque para marchas triunfales, en la política jarocha, nadie pierde el paso.
Aunque el estado sí vaya perdiendo el rumbo.
