La tensión diplomática y política entre México y Estados Unidos escaló de nivel tras el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. El gobierno estadounidense reaccionó de manera tajante señalando que una estructura criminal como el Cártel de Sinaloa no podría operar ni expandir su red transfronteriza sin la complicidad de funcionarios corruptos dentro de la administración pública.
Un vocero del Departamento de Estado de EE. UU. reiteró ante medios internacionales la postura de Washington hacia el grupo criminal, calificándolo como una organización terrorista designada y el principal responsable del tráfico masivo de sustancias letales hacia su territorio.
Un retorno bajo la sombra de la extradición
El regreso del mandatario sinaloense marca un hito inédito en la relación bilateral: es la primera vez que la justicia de Estados Unidos requiere formalmente el arresto y extradición de un gobernador mexicano en funciones.
- Antecedentes: Rocha Moya, quien asumió el cargo en 2021, solicitó una licencia temporal el pasado 1 de mayo para hacer frente a las investigaciones abiertas en México, derivadas del pedido de captura por parte de las autoridades estadounidenses por sus presuntos nexos con la facción que encabezó Joaquín “El Chapo” Guzmán.
- Deslinde político: Su reincorporación al Ejecutivo estatal provocó una inmediata distancia institucional. Tanto la dirigencia del partido Morena como el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum optaron por desmarcarse de la decisión tomada por el político de 77 años.
- La postura del gobernador: A través de un mensaje en la red social X, Rocha Moya justificó su retorno al cargo asegurando que vuelve “con la frente limpia y en alto”, apelando al respaldo popular y al mandato constitucional que recibió en las urnas.
La reincorporación del gobernador reabre el debate sobre la permeabilidad del crimen organizado en la política local y coloca a la administración federal en una encrucijada diplomática frente a las exigencias de cooperación en materia de seguridad e investigación judicial formuladas por la Casa Blanca.
