Por Antulio Ficachi
Vaya tribunal de la Santa Inquisición mediática el que pretenden cocinar en los fogones del Segundo Piso. Resulta que en el gobierno de Claudia Sheinbaum les dio por inventar la “Comisión Reguladora de Telecomunicaciones” (CRT), un engendro subordinado al Ejecutivo que ahora quiere jugar a ser el “Gran Hermano” de la información.
La receta es tan simple como dentuda: multas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulables para los medios que osen difundir datos “falsos, desactualizados o descontextualizados”. Es decir, la verdad periodística puesta a juicio del juzgador en turno.
Human Rights Watch, a través de Jorge Peniche, ya pegó el grito en el cielo internacional advirtiendo que la veracidad no se garantiza convirtiendo al Estado en el dueño del garrote presupuestal. Pasar de la autorregulación al garrote oficial no es combatir la desinformación; es ahogar con impuestos a la crítica antes de que el micrófono se abra.
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En el Veracruz de la “transparencia y austeridad”, las paredes no sólo oyen: también cuestan una fortuna y se encubren con sospechoso esmero. Resulta que la rehabilitación del Palacio de Gobierno -ya bautizado por el sarcasmo popular como el Palacio de Mármol- quedó sepultada bajo el cómodo manto del “secreto de Estado”.
El encargado de administrar algunas cosas en la Oficina de la Gobernadora, Andrés Olmo Ortega, le puso candado a los contratos y facturas alegando la “seguridad institucional” de la mandataria Rocío Nahle García.
El detalle incómodo es la cantinflesca bofetada al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien apenas unos días antes juraba ante la prensa que “nada había que ocultar”.
Mientras el INAH supervisa cómo se visten de gala pasillos y escalinatas, la señora Nahle reconoció en su momento un gasto superior a los 60 millones de pesos por presuntos “riesgos estructurales”.
Si a eso le sumamos el resbalón de vanidad de querer bautizar un salón con el título de “Primera Gobernadora” -ocurrencia que la presión social reculó para nombrarlo Leona Vicario-, las cuentas no cuadran.
Cuando la transparencia se esconde tras la coartada de la seguridad, la sospecha deja de ser rumor para volverse certeza.
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Hablando de cuentas trasquiladas, al que ya le llegó su notificación de cortesía a la Fiscalía General del Estado es a Jorge Sisniega Fernández, exmandamás administrativo del SESVER en los tiempos del inefable Cuitláhuac García.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no pudo tragarse el sapo y le asestó una denuncia penal (quedó asentada como FECCEV/473/2026) por un presunto desvío de nada menos que 56.6 millones de pesos. El embrollo nace de contratos por 113 millones con la firma Grupo Antber para instalar sistemas energéticos en hospitales de Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa y el CECAN. Soltaron los anticipos millonarios y, al final, la documentación extemporánea entregada no sirvió ni para justificar ni para depurar el boquete.
En la salud pública veracruzana, los enfermos fueron los hospitales, pero las plantas de luz terminaron iluminando únicamente los bolsillos de los audaces.
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De buen manantial bebió la medalla “Heberto Castillo Martínez 2025”. El Congreso local decidió otorgar el galardón a la maestra Gloria Sánchez Hernández, un referente indiscutible de la docencia en la Normal Veracruzana y pivote histórico de la izquierda en la entidad.
Tras ocho décadas de vida y una foja que va desde el PMT hasta el Senado de la República -donde relevó precisamente a Nahle en 2018-, el reconocimiento hace justicia a una vida de congruencia magisterial y política.
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Por otra parte, en el terreno de las letras, el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2026 cayó en manos de la poética de Silvia Tomasa Rivera. La autora nacida en El Higo, Veracruz, suma más de cuatro décadas traduciendo la memoria, la vida rural y la libertad de las mujeres en versos fundamentales.
Un galardón inobjetable que consolida a una voz que ha sabido narrar el campo mexicano sin rodeos ni cortapisas.
