El uso de la corrupción institucional por parte del crimen organizado se mantiene como la principal herramienta operativa de los cárteles en territorio nacional. Ante este escenario, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ratificó su postura de identificar y exponer públicamente a los servidores públicos vinculados a estas estructuras delictivas.
A través de un pronunciamiento emitido por el director de la agencia, Terry Cole, la dependencia norteamericana enfatizó el compromiso de perseguir a quienes priorizan los intereses del narcotráfico sobre la seguridad ciudadana. La declaración coincidió con el anuncio de la recuperación de 5.8 millones de dólares por parte del Gobierno de México, provenientes de la red de corrupción atribuida al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Respecto a dicho caso, Cole precisó que la justicia estadounidense mantiene procesos pendientes y buscará decomisar activos adicionales vinculados a las operaciones ilícitas del exfuncionario. El titular del organismo antidrogas remarcó que la administración encabezada por el presidente Donald Trump enfocarán esfuerzos en exhibir las redes de complicidad dentro de la función pública.
Esta postura se suma a las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra diversos funcionarios del estado de Sinaloa, entre los que se menciona al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza. La presión mediática e institucional sobre este grupo se incrementó tras las declaraciones del exdirector de la DEA, Derek Maltz, quien planteó públicamente la extradición de Rocha Moya hacia Nueva York para enfrentar cargos ante un tribunal federal.
