La austeridad republicana resultó ser una quimera contable. Mientras el sistema de salud pública agoniza desmantelado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador -dejando a millones de mexicanos sin medicinas ni atención básica-, el Gobierno federal mantiene las máquinas de endeudamiento a máxima potencia. Sin embargo, el dinero empeñado no va al desarrollo integral del país ni a la construcción de infraestructura productiva: se destina a financiar subsidios directos para sostener la base electoral de Morena.
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en julio pasado la deuda bruta del sector público federal alcanzó la cifra histórica de 20 billones 603 mil 590.9 millones de pesos. Esto representa un incremento disparado del 32.6 por ciento en términos reales en comparación con diciembre de 2018, cuando la administración lopezobradorista heredó un pasivo de 11 billones 19 mil 212.3 millones de pesos.
Tan solo en los primeros siete meses de este año, la deuda pública se expandió un 4.5 por ciento, pasando de los 19.7 billones registrados en diciembre pasado a la cúpula actual. La cifra comprende la totalidad de los pasivos internos y externos del Gobierno federal, empresas del Estado y la banca de desarrollo.
Las promesas rotas del discurso oficial
La realidad presupuestal contrasta drásticamente con las promesas empeñadas al inicio del movimiento. En mayo de 2019, el expresidente López Obrador criticaba duro a sus antecesores:
“Fox dejó una deuda pública de cerca de 2 billones de pesos, Calderón la aumentó a 5 billones y Peña la dejó en alrededor de 10 billones. El propósito nuestro es que ya no aumente en términos reales esa deuda y esto es parte de ese plan”.
Hoy, las obligaciones financieras superan los 20 billones de pesos, rompiendo cualquier techo de contención prometido. Pese al vertiginoso salto, desde el Poder Ejecutivo actual se intenta matizar la presión crediticia. En julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la postura fiscal del régimen:
“No tenemos absolutamente ningún problema con el financiamiento ni con las métricas de deuda pública del País. Es una deuda completamente sostenible, y estamos en la trayectoria para que se estabilice e incluso baje en los próximos años”.
Un barril sin fondo: Caída de ingresos y gasto electoral rígido
Especialistas del sector financiero advierten que el endeudamiento ocurre en un escenario de creciente debilidad estructural. Gabriela Siller, directora de Análisis de Grupo Base, señala que la situación es preocupante ante la caída sostenida en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) —la cual se redujo un 6 por ciento real anual entre enero y julio—, reflejo del estancamiento económico y la migración hacia la informalidad.
A la par, el gasto corriente improductivo ahoga las finanzas públicas. Las pensiones no contributivas y programas sociales absorbieron 990.6 mil millones de pesos de enero a julio, un alza del 5.1 por ciento real. Este rubro representa el 19.8 por ciento de todos los ingresos presupuestarios del Estado y el 17.2 por ciento del gasto neto, la proporción más alta asignada a estos pasivos desde que se tiene registro comparable en 1995.
El diagnóstico para la economía nacional es reservado: el país se endeuda a ritmos acelerados para regalar dinero en efectivo y afianzar lealtades en las urnas, descuidando la inversión física de largo plazo y comprometiendo la estabilidad de las próximas generaciones.
