El empresario Amílcar Olán Aparicio, conocido por su cercanía con Gonzalo y Andrés López Beltrán, operó desde principios de este año bajo el temor constante de ser privado de su libertad por la Fiscalía General de la República (FGR), institución que mantenía bajo vigilancia estricta su residencia en la capital del país.
Documentos judiciales revelan que el pasado 23 de marzo, Olán promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, buscando protección federal frente a cualquier mandamiento de captura, comparecencia o presentación emanado de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) o de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
En el escrito dirigido al impartidor de justicia, el empresario detalló la presunta presencia de agentes federales y personal con vestimenta táctica militar en las inmediaciones de su domicilio privado. Según la narrativa expuesta por el propio promovente, los efectivos armados fotografiaban la fachada de la propiedad, tomaban notas y cuestionaron a los residentes mediante el sistema de intercomunicación para determinar su paradero exacto, sin identificarse formalmente.
Olán argumentó ante la autoridad jurisdiccional que dicho despliegue representaba el inicio de la ejecución de una orden de aprehensión de carácter ilegal, violatoria de sus garantías individuales y del debido proceso.
No obstante, la estrategia legal del contratista se desmoronó a finales de mayo. El titular del juzgado, Carlos Alberto Rico Mondragón, resolvió sobreseer el juicio de garantías al corroborar que, hasta ese momento, no existía mandato judicial alguno girado en su contra por parte de las autoridades ministeriales señaladas.
Amílcar Olán cobró relevancia pública durante la pasada administración federal tras adjudicarse contratos millonarios vinculados a megaproyectos de infraestructura, como el Tren Maya, así como en el sector de medicamentos y suministros de salud. Recientemente, reportes periodísticos sustentados en grabaciones delataron su presunta intención de vincular operaciones con células operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, relacionadas con esquemas de extorsión y huachicol.
