El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) analiza este jueves un proyecto para determinar la posible remoción de integrantes del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. El procedimiento se origina a partir de señalamientos sobre su actuación en la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025.
La investigación deriva de una queja interpuesta por René Augusto Sosa Enríquez, la cual quedó asentada en los expedientes UT/SCG/PRCE/RASE/CG/22/2025 y UT/SCG/PRCE/CG/23/2025.
El núcleo del conflicto
El punto central del análisis se centra en la participación de la consejera electoral María Fernanda Sánchez Rubio durante el proceso comicial, periodo en el que su esposo, Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, participó como candidato a una magistratura.
- Revocación inicial: En agosto de 2025, el Tribunal Electoral de Veracruz anuló la constancia de mayoría otorgada a Lozano Ordóñez al advertir un probable conflicto de interés derivado de su vínculo matrimonial.
- Revés federal: Posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revirtió dicho fallo y ordenó al OPLE entregar nuevamente la constancia de mayoría al candidato.
Alcance de la investigación
A pesar de la resolución de la Sala Superior en el ámbito jurisdiccional, el proceso administrativo sancionador dentro del INE sigue su curso de manera independiente. El objetivo de esta revisión es esclarecer si las conductas de las consejerías vulneraron los principios de independencia e imparcialidad que rigen la función electoral.
Asimismo, el expediente examina la responsabilidad y el actuar del resto de los integrantes del Consejo General frente a la participación de Sánchez Rubio en el proceso.
