El director general del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Sergio Antonio López Montecino, aclaró que el título de concesión del pozo que generó protestas y bloqueos en los municipios de Altotonga y Jalacingo pertenece a un particular de apellido Orozco, desmarcando de esta manera a la familia Yunes Zorrilla.
La declaración contrasta con los señalamientos previos de la gobernadora Rocío Nahle, quien había afirmado que “todo parece ser” que el aprovechamiento hídrico estaba vinculado a los Yunes, solicitando una revisión a fondo sobre su legalidad y operación.
¿Qué estatus guarda el pozo?
Durante las declaraciones ofrecidas a medios locales, el funcionario federal precisó los puntos clave del conflicto:
- Titularidad legal: El documento oficial está registrado a nombre de un particular de apellido Orozco, sin rastro del apellido Yunes en el título de libre alumbramiento emitido hace varios años.
- Sin elementos de clausura: Tras una inspección técnica, CONAGUA determinó que la explotación del pozo cumple con la normatividad vigente, por lo que carece de sustento legal para proceder a su cierre.
- Antecedentes judiciales: El funcionario reveló que la dependencia había clausurado el sitio en el pasado, pero un tribunal federal falló a favor del titular, obligando a retirar la medida.
- Postura institucional: López Montecino rechazó que las decisiones del organismo respondan a intereses partidistas, enfatizando que actúan bajo criterios técnicos y legales.
Conflicto social y escasez
Respecto a las protestas de los habitantes de la región, quienes acusan que la extracción del pozo ha disminuido el caudal de los manantiales locales que abastecen a las comunidades, el titular de CONAGUA indicó que los análisis técnicos no comprobaron una afectación generalizada a gran escala, aunque reconoció que la zona atraviesa por una baja disponibilidad natural de agua agravada por la temporada de sequía.
Finalmente, el organismo federal aseguró que se han sostenido al menos cinco mesas de diálogo con los inconformes y recorridos de supervisión en campo, con el objetivo de encontrar soluciones que garanticen el suministro a las comunidades afectadas sin vulnerar el marco legal.
