Por Antulio Ficachi
Analizar el poder no es destruirlo, sino evidenciar que nunca estuvo ahí como una presencia pura, sino como un simulacro de permisos que se otorgan y se niegan en el mismo acto de la coartada.
Hagamos un ejercicio de filosofía tropicalizada. Si usted se sentara en una banca del Parque Juárez de Xalapa a leer los diarios, comprobaría que en México la realidad no es más que un ejercicio de observación natural. Por ejemplo, aquí el huachicol no existe hasta que el expediente deja de desaparecer, la inflación baja mientras el jitomate sube al altar de los artículos de lujo, y la cultura se financia con la fe, la brocha propia y las ganas de salir en la foto del edil en turno.
Aquí vamos.
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En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha perfeccionado el arte de la suspensión analítica. Cuestionada sobre el megadecomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo ilegal en Guanajuato —enmarcado en las instalaciones de Gas Natural del Noroeste de Grupo SIMSA—, la mandataria aplicó el manual de la prudencia oficial: no se afirma ni se desmiente, sólo se espera a que la fiscalía termine de revisar los permisos.
En tanto, el delegado federal de la FGR, Juan Francisco Vera Ayala, fue removido de su cargo con la graciosa elegancia con la que se barre bajo la alfombra. El combustible fluye, la empresa opera como si nada, y el concepto de “delincuencia organizada” se vuelve tan etéreo que parece un fantasma legislativo.
El huachicol en Guanajuato no es una certeza material; es un texto abierto sujeto a la interpretación de Ernestina Godoy.
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Por su parte, el INEGI nos regala otra confusión metafísica: la inflación general repunta al 3.42% anual, impulsada por productos de la canasta básica tan revolucionarios como el jitomate, la cebolla y el pollo, mientras que la inflación subyacente baja tímidamente.
Las cifras del Banco de México dictan una pausa de confort a tasa de 6.50% que congela las expectativas hasta el 2028. En el papel, los indicadores macroeconómicos desfilan ordenados; en el mercado de la esquina, el monedero ciudadano experimenta la más pura de las realidades: el dinero se desvanece antes de tocar las manos.
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Y para que nadie se ría de este teatro de sombras, el Senado avanza con fervor en la llamada Ley Antimeme (ya ni maman de verdad) Bajo la excusa de proteger la propiedad industrial y los logotipos oficiales, el artículo 403 Bis amenaza con cinco años de prisión a quien ose usar la identidad institucional con “fines de engaño”. Creadores como Chavo del Toro, Rictus y Vampipe lo advierten con claridad satírica: no es defensa de autor, es un dique contra la risa.
El poder le teme tanto a la sátira, la parodia que busca legislar la ironía misma, intentando confinar la caricatura política a los calabozos de la propiedad intelectual.
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A nivel local, el sainete adquiere tintes de comedia negra con denominación de origen veracruzana. En la culta y rebautizada Atenas Veracruzana, el Ayuntamiento encabezado por Daniela Griego y sus luminarias del erario —los flamantes directores de Turismo, Eduardo Rafael Blanco Guillaumín, y de Desarrollo Económico, Fernando Arana Watty— decidieron montar una obra maestra de la economía moderna: el arte autofinanciable por decreto ajeno.
Las 36 calaveras monumentales del Día de Muertos no son sólo una muestra de talento local, sino el milagro de la multiplicación de los gastos a costillas del prójimo. El municipio pone el entusiasmo y la estructura de cartón; pero los artistas gráficos, en un arrebato de heroísmo involuntario, ponen las herramientas, la brocha fina, la pintura de Comex y el resto de la quincena.
Para rematar la función, los premios en efectivo no manchan las manos impolutas del presupuesto municipal: se consiguen pidiendo bote con la iniciativa privada, mientras los funcionarios aprovechan el desfile para inaugurar su catálogo de sonrisas institucionales en el corredor turístico.
¡Un aplauso para estos mecenas de alcancía ajena, par de comparsas de cuarta que confunden la promoción de la cultura con el arte de hacer milagros con el dinero ajeno!
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Y si de carencias se trata, en la clínica del IMSS-Bienestar de la comunidad Díaz Mirón, en Misantla, los más de 500 habitantes descubren que el derecho a la salud es también producto de la imaginación de alta escuela: la doctora se fue a su residencia médica y la plaza opera en el más absoluto y solitario vacío de lunes a jueves.
Rocío Nahle tiene en su agenda un estado donde los hospitales flotan en el limbo administrativo y las comunidades rurales se curan con la esperanza de que algún día llegue un interino.
Al final, la gestión de la 4T nos deja una gran lección semiótica: todo se transforma, todo se disimula, pero la factura siempre la paga el ciudadano de a pie.
