La protección institucional a la infancia y la adolescencia en Veracruz enfrenta una brecha crítica. Más del 50% de los ayuntamientos de la entidad carecen de registros sobre planes de restitución de derechos dirigidos a niñas y adolescentes embarazadas, un escenario que evidencia la falta de cumplimiento de las obligaciones legales en materia de salvaguarda de menores.
De acuerdo con los datos obtenidos sobre el periodo 2022-2026 en el marco de la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 15 Años (Ruta NAME), el universo de 212 ayuntamientos consultados arrojó una tasa de respuesta parcial: 174 administraciones entregaron información, mientras que 38 optaron por la omisión total al no proporcionar ningún dato.
El mapa del rezago municipal
Del total de gobiernos locales que respondieron al requerimiento de transparencia, 112 ayuntamientos admitieron abiertamente que no cuentan con planes ni con registros documentados de restitución de derechos. Si bien algunos municipios señalaron haber otorgado asistencia de manera empírica, esta se brindó sin la formalización de los mecanismos que exige la ley.
Entre los casos documentados, al menos una docena de demarcaciones confirmó la presencia de incidencias vinculadas con embarazos infantiles y adolescentes. En este grupo figuran:
- Alpatláhuac
- Alto Lucero
- Alvarado
- Carrillo Puerto
- Emiliano Zapata
- Ixtaczoquitlán
- Minatitlán
- Misantla
- Santiago Tuxtla
- Tepatlaxco
- Tlaltetela
- Tihuatlán
Los expedientes revisados en estas regiones revelan la atención a menores con rangos de edad que van de los 12 a los 16 años. Las acciones implementadas incluyeron canalización a servicios médicos, asesoría jurídica, apoyo psicológico, medidas de resguardo, seguimiento a carpetas de investigación y estrategias de retención escolar para evitar la deserción.
No obstante, se identificaron contradicciones operativas. Ayuntamientos como Poza Rica y Santiago Tuxtlareconocieron haber otorgado asistencia a menores en situación de embarazo, pero admitieron que no elaboraron los planes de restitución correspondientes para los casos atendidos, lo que deja los procesos en la indefensión jurídica.
Opacidad y pérdida de archivos históricos
La auditoría de los datos también dejó al descubierto una deficiencia estructural en la memoria administrativa de los ayuntamientos. Diversas autoridades locales reportaron severas dificultades para localizar o rastrear expedientes generados durante administraciones pasadas.
Municipios como Platón Sánchez, Soledad de Doblado y Tres Valles notificaron formalmente la carencia total de archivos o registros históricos sobre el ejercicio de estas funciones en periodos previos, lo que rompe la continuidad institucional en la protección de sectores vulnerables.
El mandato legal frente a la realidad
El marco normativo vigente en el estado de Veracruz establece atribuciones precisas para las procuradurías municipales de protección. Entre sus obligaciones legales se encuentran:
- La elaboración de diagnósticos situacionales precisos.
- El diseño y ejecución de planes particulares de restitución de derechos.
- La coordinación interinstitucional con dependencias estatales y de salud.
- El seguimiento puntual de los casos hasta garantizar la restitución integral de las garantías de las niñas, niños y adolescentes.
A la luz de los informes del periodo 2022-2026, la distancia entre el mandato de la ley y la capacidad operativa de los municipios exhibe un sistema de protección municipal que opera de manera fragmentada e irregular en el territorio veracruzano.
