Gina Romero, especialista en la libertad de reunión y asociación para las Naciones Unidas, señaló que también recibió información sobre el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión

La relatora de la ONU para la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, llamó este lunes al gobierno mexicano a investigar de forma “pronta e independiente” las denuncias de represión policial y detenciones arbitrarias en la manifestación del domingo por el agua contaminada en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.

Romero indicó en un mensaje en X (antes Twitter) que recibió “información preocupante sobre el uso excesivo de la fuerza y armas menos letales contra miles de personas” que participaron en la manifestación pacífica.

También advirtió que, según la información que ha recibido, durante la manifestación fueron utilizados “indiscriminadamente” gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión.

“El gobierno debe investigar de forma pronta e independiente todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones de derechos humanos”, urgió la relatora de la ONU.

De igual manera, informó sobre denuncias de detenciones arbitrarias, y urgió a garantizar la integridad y derechos de todas las personas detenidas.

Además, pidió a las autoridades “abstenerse de discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales”.

El domingo, 10 mil habitantes del área conurbada de Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México, protestaron por el agua contaminada que llega a sus casas, una manifestación que terminó con detenciones, decenas de personas heridas, entre ellas periodistas y policías.

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la represión policial, al tiempo que pidió al gobernador de Jalisco informar sobre las detenciones y dar a conocer los nombres de las personas arrestadas.

Lemus justificó la violencia de policías estatales para minimizar a “grupos de choque”, aunque prometió una investigación al respecto.

Las autoridades estatales informaron de 39 detenidos tras los hechos, mientras los familiares continúan denunciando presuntas incomunicaciones y dificultades para conocer la situación jurídica de los arrestados.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada y con olor a cloaca que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según denunciaron organizaciones de derechos humanos, luego de examinar las muestras.

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