Integrantes de los Comités de Salud en la entidad denunciaron que altos mandos del sector salud buscan arrebatarles la autonomía en el manejo de los recursos federales del programa “La Clínica es Nuestra”, al intentar imponerles de forma unilateral a un padrón selecto de empresas constructoras y proveedoras.
De acuerdo con los testimonios y evidencias recabadas, durante las últimas dos semanas se modificaron arbitrariamente las reglas de contratación para dirigir las asignaciones presupuestales hacia al menos seis empresas afines a los funcionarios del sector.
Los señalados: Ramos Alor y Rivera Pinete
Los inconformes responsabilizan de este presunto direccionamiento a Roberto Ramos Alor, titular de la delegación del IMSS-Bienestar en Veracruz, y a Leonel Efrén Rivera Pinete, director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). A ambos se les acusa de haber intervenido en la confección de una lista cerrada de proveedores recomendados para ejecutar las obras y entregar equipamiento médico.
El conflicto escaló tras una reunión realizada el pasado martes 13 de octubre. La cita fue convocada por Miriam Fajardo Soto, jefa del Departamento de Acción Comunitaria del IMSS-Bienestar, con la participación de facilitadores de la Secretaría de Bienestar y representantes ciudadanos.
En dicha mesa de trabajo, Hugo Cristian Mora Mávil, jefe de Servicios Jurídicos del IMSS Veracruz Norte, frenó las propuestas presentadas por los comités —quienes llevaban cotizaciones independientes obtenidas previamente en sus localidades— e instruyó que debían ajustarse obligatoriamente a la lista preaprobada por la institución.
Choque con la filosofía del programa federal
La maniobra contraviene los lineamientos fijados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las bases de “La Clínica es Nuestra”, un programa federal diseñado justamente para que la ciudadanía organizada determine, mediante asamblea democrática, el destino y gasto de los fondos de rehabilitación en sus unidades médicas.
Registros en video de la sesión muestran la presentación formal de los representantes de las empresas favorecidas, quienes se ofertaron para acaparar los contratos en distintas regiones del estado.
Llamado a Rocío Nahle y Gómez Cazarín
Ante el riesgo de que la asignación presupuestal derive en un conflicto de intereses o tráfico de influencias, los comités ciudadanos solicitaron la pronta intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y del delegado de los Programas para el Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín.
Exigieron aclarar si hubo una modificación oficial a las reglas de operación o si se trata de un intento arbitrario de subordinación, al tiempo que demandaron investigar la actuación de Ramos Alor y Rivera Pinete. Hasta el momento, ninguna de las autoridades o funcionarios señalados ha emitido un pronunciamiento público al respecto.
