En un escenario marcado por crecientes protestas de derechohabientes debido a las deficiencias en la atención médica y bajo la presión de reclamos sindicales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) frenó de golpe la adquisición masiva de equipos de anestesia, un procedimiento que había sido catalogado como prioritario e impostergable ante la inminente asfixia presupuestal que enfrentará la institución para el año 2027.
La decisión se concretó el pasado 1 de octubre, cuando la dirección del Seguro Social notificó la cancelación para adquirir 532 máquinas de anestesia intermedia y 240 de alta especialidad. La licitación, cuyo valor rondaba los 750 millones de pesos, ya se encontraba en su fase final tras haber recibido las propuestas económicas de los proveedores en un concurso convocado el 4 de septiembre bajo plazos recortados.
La alerta presupuestal de 2027
La premura para sacar adelante este contrato multimillonario se originó durante la sesión extraordinaria del Subcomité Revisor de Convocatorias (Sureco) realizada el 3 de septiembre. En dicha reunión se dejó al descubierto un déficit financiero crítico para la contratación de servicios externos.
“Para el presente ejercicio, el Servicio Integral de Anestesia está cubriendo 67 unidades médicas con un importe de mil 141 millones de pesos, y para el ejercicio de 2027 tiene previsto 67.9 millones de pesos para cubrir únicamente dos unidades de 67”, se advirtió textualmente en la minuta del subcomité.
Frente a este escenario, los funcionarios reconocieron que la contratación de terceros dejará de cubrir a la gran mayoría de los centros médicos del país, razón por la cual se buscaba acelerar la compra directa de las máquinas para dotar de equipo propio a las instalaciones.
Saturación por la absorción del programa rural
El concurso falló tras la intervención de la Coordinación de Expansión de Cobertura de Salud del IMSS, la cual determinó que el volumen de equipo solicitado resultaba insuficiente para hacer frente a la demanda real.
La causa principal radica en la desaparición del programa asistencial que por más de 46 años brindó atención médica a comunidades rurales e indígenas sin seguridad social. Tras la liquidación de dicho esquema en julio de 2025, un universo de 10.8 millones de beneficiarios fue integrado de manera directa al régimen ordinario del IMSS.
Esta transferencia masiva recalculó las necesidades operativas, determinando que se requieren 213 máquinas adicionales de anestesia intermedia y 96 más de alta especialidad. Ante este desfasamiento, la institución prefirió dejar sin efecto la licitación para evitar realizar adquisiciones fragmentadas que pudieran derivar en un eventual “daño patrimonial”.
Tiempos de entrega y licitación desierta
Pese a que el Seguro Social cuenta con la facultad de emitir una nueva convocatoria, la disponibilidad de los insumos no se concretará en el corto plazo. El pliego de condiciones establecía un periodo de entrega de hasta 90 días, mientras que diversos licitantes solicitaron prórrogas de hasta 150 días para realizar la instalación y puesta en marcha de los aparatos en 139 hospitales y clínicas de la red nacional.
A la cancelación del paquete principal se suma que la partida correspondiente a 48 unidades para anestesia básica se declaró desierta, al no registrarse propuestas técnicas y económicas solventes por parte de los licitantes.
Testigo Social señala severa falta de planeación
La actuación de las autoridades hospitalarias fue duramente objetada por Guadalupe Vega, Testigo Social designada para vigilar el proceso de contratación. En su dictamen hecho público el 12 de octubre, la especialista reprobó la interrupción del procedimiento dada la naturaleza crítica del equipamiento.
“No se identifica una explicación suficiente de cómo se ponderaron las consecuencias de cancelar la adquisición, frente a la necesidad de disponer oportunamente del equipamiento”, sentenció Vega en su informe formal.
El cierre del programa rural de salud se había justificado bajo el argumento oficial de evitar la duplicidad de funciones en la atención a la población no derechohabiente; sin embargo, la reestructuración ha dejado en evidencia fallas operativas y vacíos de infraestructura que amenazan la operatividad quirúrgica del instituto a mediano plazo.
