Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre en Palacio Nacional, el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó un informe detallado sobre las acciones y avances en la lucha contra el robo y contrabando de combustibles en el país.
De acuerdo con cifras presentadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), se han formalizado 10,974 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de robo de hidrocarburos. Hasta el momento, este despliegue judicial ha derivado en la detención de 2,539 personas.
En los operativos de fiscalización y combate al decomiso en rutas terrestres, las autoridades han asegurado un total de 5,572 unidades de transporte, entre las que destacan pipas, autotanques, remolques y carrotanques. A la fecha, el volumen de hidrocarburo incautado asciende a 173.7 millones de litros.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha iniciado acciones legales en 152 casosvinculados a esquemas de contrabando e irregularidades en los sistemas de control volumétrico.
Impacto fiscal y combate al contrabando
En el ámbito fiscal y de importaciones, la secretaria de Energía, Luz Elena González, subrayó los resultados de los operativos preventivos e inspecciones en aduanas. Detalló que se ha logrado interceptar la introducción ilegal de 1,952 millones de litros de combustible, lo que evitó una merma hacendaria estimada en 13,664 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
Asimismo, las medidas de fiscalización han impulsado la regularización del comercio exterior: las importaciones legales registradas mostraron un incremento del 10.54% respecto a 2025, pasando de 23,933 a 26,455 millones de litros.
Las labores de supervisión se mantienen concentradas en 14 puntos aduanales estratégicos, con auditorías directas a los cargamentos y la rectificación de volúmenes declarados en pedimentos. Como parte de los procesos sancionatorios, las autoridades han emitido más de 500 multas por inconsistencias o demoras en la entrega de información, al tiempo que se iniciaron procedimientos administrativos y penales en contra de 8 agentes aduanales.
