Por Antulio Ficachi
“Lo que preocupa no me parece tanto la corrupción, sino la impunidad de la corrupción. Eso es lo grave”, escribió en su obra Los caminos para la libertad: Ética y educación el maestro Fernando Savater.
Bajo esta premisa filosófica y analítica, en el México contemporáneo toda institución que ha sido intervenida, a lo largo de los últimos ocho años, por el régimen de la Cuarta Transformación ha quedado envuelta en una densa bruma de opacidad y severas irregularidades administrativas.
El catálogo es tan amplio como sistemático: desde la abrupta cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta las sombras presupuestales en megaobras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la refinería de Dos Bocas; el abuso recurrente del esquema de adjudicación directa con contratos multimillonarios; la fractura evidente del sistema de salud pública; la captura institucional del Poder Judicial tras su reforma, y la desarticulación de los organismos autónomos que garantizaban un mínimo contrapeso y transparencia republicana. A ello se suma la persistencia impune del huachicol fiscal, el tráfico ilícito de combustibles y las complicidades inconfesables con la delincuencia organizada, por mencionar apenas algunos de sus pasajes más visibles.
Para quienes se cobijan bajo las siglas del oficialismo —por pragmático acomodo antes que por convicción doctrinaria—, la revelación sistemática de estas tropelías es descalificada de inmediato como simple embate de la “derecha” o linchamiento mediático. Intento inútil para sofocar el escándalo de las inconsistencias que hoy salpican el engranaje institucional, tanto en el ámbito federal como en la mayoría de las entidades federativas conducidas por Morena.
La incompetencia y la negligencia operativa en los distintos niveles de la administración pública constituyen, en sí mismas, otra vertiente de corrupción: la que degrada la capacidad técnica del Estado y distorsiona por completo el sentido del servicio público.
En todos estos episodios, la constante no es la falta de evidencia, sino la garantía de inmunidad. La impunidad se ha erigido en el sello distintivo del ejercicio del poder actual. Un deterioro institucional de esta magnitud no habrá de revertirse hasta que la ciudadanía, de manera consciente, organizada y pacífica, exija cuentas y desmantele una narrativa estructurada sobre la manipulación de las necesidades populares, el engaño recurrente y la sistemática devaluación de la verdad.
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Y se marchó… Y a su barco no le llamó libertad, sino “impunidad provisional”. Doña Guadalupe Taddei Zavala dijo ¡ahí se ven! y le puso fin a su melodrama en el Instituto Nacional Electoral. Agobiada por la catarata de contratos chuecos y acusaciones de corrupción que le brotaban hasta por las alcantarillas de Viaducto Tlalpan, la señora agarró sus chivas y emitió un comunicado oficial que duró colgado en la red lo que dura un pastel afuera de una oficina pública. Lo borraron de inmediato, pero el soplo ya había corrido: hoy entrega las llaves ante la Cámara de Diputados.
Los más puros del oficialismo y de Morena dirán que dimite por una “profunda reflexión” para no entorpecer el proceso electoral 2026-2027. ¡Ajá! Reflexión la que van a tener los auditores. La duda en los pasillos políticos no es a dónde vuela la tía Lupe, sino cuántas gaviotas y buitres se van a dar un banquete con la vacante que deja en el Consejo General.
¡Qué bárbara!
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Otra que vuelve… pero con banda de guerra y flores en las manos es María Corina Machado. Tras diez meses de andar a salto de mata y en la clandestinidad pura —tiempo en el que aprovechó para escaparse como ninja a Oslo a recoger su Premio Nobel de la Paz 2025—, la lideresa opositora reapareció en Venezuela. Se aventó una caravana desde Lara hasta Caracas atravesando cinco estados entre carros blindados, besos, abrazos y prendas color turquesa. Dicen que el culebrón dio un giro total tras la captura de Nicolás Maduro a manos de los vecinos del norte hace casi diez meses. Ahora, entre mediaciones del estadounidense Marco Rubio y negociaciones de Dinorah Figuera, Machado pide pista para la reconstrucción nacional. ¡Qué milagro tan oportuno en la iglesia de Santa Rosa!
En Caracas las esperanzas andan por las nubes; la gran incógnita es si la mesa de diálogo no terminará patas arriba cuando empiecen a repartir el pastel de la transición.
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En la otrora bella y respetada Xalapa, la cosa no es de fiesta, sino de amortiguadores rotos. Vaya “herencia de la transformación” que padece la Atenas Veracruzana. Si Hipólito Rodríguez convirtió a la capital en un monumento al subejercicio, la alcaldesa Daniela Griego va que vuela para coronarla como la Capital Mundial del Bache.
Las avenidas Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Ruiz Cortines, Avenida Xalapa y Circuito Presidentes parecen cráteres lunares donde el tráfico vehicular se queda atorado por horas. Y la respuesta oficial del Ayuntamiento resulta de risa cianótica: tirarle un puñito de asfalto en frío que la primera llovizna xalapeña se lleva al caño sin contemplaciones.
Los números no mienten, aunque en el Palacio Municipal tengan otros datos. Los comercios representados por la CANACO reportan pérdidas que rozan los 640 millones de pesos al año, mientras que el ciudadano de a pie se avienta 130 horas anuales oliendo humo en el embotellamiento y tirando a la basura más de 5 mil pesos en gasolina y suspensiones destruidas.
Por si fuera poco, la señora Griego mantiene un tufo de distanciamiento político con el Palacio del Mármol de Rocío Nahle, lo que tiene a Xalapa al margen de las grandes obras de infraestructura que tanto pregona la retórica oficial.
Y agárrense, que ya vienen Todos Santos y Halloween: entre catrinas, cempasúchil y compras decembrinas, Xalapa será un auténtico panteón vial. Los únicos que van a bailar son los baches, listos para sepultar los carros y la paciencia de los xalapeños.
¡Que Dios nos agarre confesados!
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Y cuando en la capital los baches matan coches, en el norte de la entidad la violencia arrebata vidas humanas. El asesinato a balazos del líder transportista Santiago Valí Castillo, acribillado a mansalva mientras cenaba en un negocio de alitas en Tuxpan, es un cubetazo de agua helada que desnuda la cruda realidad de un estado que está de moda por la corrupción, inseguridad y la incompetencia gubernamental.
El dirigente del Sitrac RM ya había denunciado amenazas y presiones sistemáticas desde 2025. ¿Y la respuesta oficial? La de siempre: se activó un rimbombante “código rojo” que no atrapó ni a una mosca y la Fiscalía General del Estado abrió con presteza la carpetita de investigación número mil.
Matar a un líder sindical en medio de crecientes protestas por la inseguridad y el pésimo estado de las carreteras es una provocación con dedicatoria expresa.
¿Hasta cuándo, mi gente?
