Bajo el argumento de que la mayoría oficialista en el Congreso local aprobó un “blindaje” legislativo para proteger a la gobernadora Rocío Nahle García, la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma a la Constitución del estado en materia de revocación de mandato.
La recurso jurídico ataca formalmente las modificaciones realizadas al inciso B, fracción VI, del artículo 15 de la Carta Magna veracruzana, publicadas en el Decreto 540 el pasado 28 de septiembre. A decir del partido,los cambios legales imponen severos candados para restringir la participación democrática y obstaculizan el derecho de la ciudadanía a evaluar o remover a sus gobernantes.
Argumentos ante la Corte: siete violaciones clave
El recurso fue interpuesto dentro del marco de los 30 días naturales posteriores a la publicación de la ley por la dirigencia estatal; el secretario general; y el presidente del Consejo Estatal, Dante Alfonso Delgado Morales. En el acto también participaron los legisladores Sergio Gil Rullán y Elena Córdova Molina.
En el escrito presentado al Máximo Tribunal del país, el equipo legal de la formación naranja articuló siete conceptos de invalidez, entre los que destacan:
Omisión de consulta indígena y afromexicana: La reforma no contempló la consulta previa a comunidades originarias y afromexicanas, vulnerando sus derechos de participación política.
Afectación al principio de progresividad: Se redujo drásticamente de dos meses a solo un mes el tiempo para la recolección del apoyo ciudadano.
Requisitos desproporcionados: Se exige recabar en 30 días el respaldo del 10% de la lista nominal estatal (aproximadamente 600 mil firmas) con una distribución en al menos 107 municipios, requiriendo además el 3% de la lista nominal en cada uno de ellos.
Violación de plazos electorales: Modificación a normas sustanciales dentro del periodo de prohibición de 90 días previos al inicio del proceso electoral.
Irregularidades en el proceso legislativo: Se señala un desfase de 46 días en el cómputo del aval de los ayuntamientos, además de la imposición arbitraria de un plazo de 180 días para expedir la ley secundaria —término que había vencido originalmente en mayo de 2022— y la ambigüedad en los conceptos de «intención» y «solicitud».
“No le tengan miedo al pueblo”: dirigencia de MC
Durante el anuncio de la impugnación, el coordinador estatal aseveró que el Congreso veracruzano legisló a espaldas de la ciudadanía mediante una «mayoría artificial» para poner candados a un mecanismo de participación directa por temor al escrutinio público.
“Esta acción de inconstitucionalidad busca que nunca olviden los gobernantes presentes y futuros que la democracia se construye con el pueblo. Aprobó una reforma que le pone candados y blinda el mecanismo para ejercer la revocación de mandato… No le tengan miedo al pueblo de Veracruz, no le tengan miedo a la participación ciudadana; estamos listos para que el pueblo mande y decida”, sostuvo el dirigente.
Con este recurso, el partido insta a la SCJN a invalidar las reformas al Decreto 540 y garantizar que la revocación de mandato continúe opera de forma accesible y sin trabas administrativas que anulen el ejercicio democrático en la entidad.
