Lejos de conformar un engranaje nacional sólido, las prisiones en el país operan como una red fragmentada de instituciones en el abandono, marcadas por la precariedad laboral de sus custodios, una grave sobrepoblación y el uso desmedido de la prisión automática.
Así lo revela el más reciente informe de la organización Causa en Común titulado “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales”, el cual advierte que en México no opera en los hechos un sistema penitenciario unificado, sino un conjunto disperso de centros de reclusión sujetos a criterios y recursos dispares según cada entidad federativa.
Custodios sin carrera y sin derechos básicos
Uno de los flancos más críticos expuestos en la investigación es la situación del personal de custodia. A nivel nacional, carece por completo de un servicio profesional de carrera. Las cifras oficiales reflejan una profunda desprotección: solo cuatro estados cuentan con academias policiales que capaciten inicialmente a los guardias para la labor penitenciaria.
A lo anterior se suma la vulnerabilidad laboral. Apenas 20 entidades reconocen derechos tan elementales como el aguinaldo y las vacaciones para este sector, mientras que el seguro de salud y de retiro está garantizado únicamente en 19 demarcaciones del país.
Sobrepoblación desbordada y prisión sin condena
Cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que hasta septiembre de este año el país contabilizaba 276,873 personas privadas de la libertad. De este total, el 88% corresponde al fuero común y el 12% al fuero federal.
El análisis de Causa en Común destaca que la población carcelaria del fuero común experimentó un repunte del 47% en el periodo comprendido entre 2018 y 2026. Este incremento se registró sin que las autoridades ampliaran la infraestructura de los centros penitenciarios, detonando crisis históricas de sobrepoblación.
Esta saturación se alimenta, en buena medida, por el uso expansivo de la prisión preventiva oficiosa. El informe detalla que, al mes de septiembre de 2026, un total de 122,549 personas —que representan el 44% de los internos— se encontraban encarceladas a la espera de una sentencia.
Violencia e invisibilidad estadística
Las condiciones de internamiento se desarrollan en la opacidad. La falta de evaluaciones oficiales y la ausencia de actualización en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI —estancada en 2021— impiden dimensionar con precisión la crisis interna. En aquel registro previo, apenas el 3% de los reos disponía de dormitorios individuales, el 46% compartía espacio con más de cinco personas y el 55% permanecía encerdado entre 12 y 24 horas continuas.
La ingobernabilidad se traduce en focos rojos constantes. Entre 2022 y 2025, la SSPC documentó 3,145 agresiones, 1,989 riñas, 339 suicidios y 47 homicidios dentro de las cárceles mexicanas.
Fracaso en amnistías
Frente al hacinamiento, los mecanismos de preliberación muestran nulos resultados prácticos. Únicamente 15 estados disponen de una ley de amnistía local. En el ámbito federal, de 2,395 expedientes analizados por la Comisión de Amnistía hasta agosto de 2026, solo el 18% obtuvo el beneficio, una cifra insuficiente frente al impacto masivo de la prisión preventiva.
Ante este panorama crítico, Causa en Común concluye que es apremiante recuperar el control operativo de los penales, dignificar y profesionalizar al cuerpo de custodios, recortar el catálogo de delitos bajo prisión automática, relanzar esquemas reales de salud y reinserción social, y dotar a todo el sector penitenciario de un presupuesto suficiente.
