Un nuevo frente de tensión política y diplomática se abrió en la frontera norte tras la pretensión del gobierno de Texas de adscribirse de forma unilateral la soberanía sobre nueve islas ubicadas en el cauce del río Bravo. La medida, impulsada sin acuerdo previo entre los Gobiernos federales de ambos países, generó una inmediata respuesta de rechazo por parte de la Cancillería mexicana, que apeló a la vigencia estricta de los tratados internacionales.
La ofensiva tejana en la franja fluvial
El anuncio corrió a cargo de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés), que encabeza la comisionada Dawn Buckingham. De acuerdo con la postura de la dependencia estatal, la jurisdicción sobre este conjunto insular —situado a la altura del municipio de Roma, Texas— corresponde formalmente al estado, bajo el argumento de vacíos históricos de titulación y vigilancia.
Con la declaratoria, el gobierno local habilitó el despliegue de corporaciones policiacas estatales sobre la zona insular. El objetivo declarado por las autoridades texanas es intervenir el terreno para neutralizar presuntas operaciones del crimen organizado y evitar el cruce ilegal de personas y contrabando.
“Durante años, la propiedad de estas islas ha sido incierta, lo que ha limitado la capacidad de garantizar su debida vigilancia y protección. El terreno de Texas jamás se convertirá en un refugio seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otras organizaciones criminales”, aseveró Buckingham, aunque la propia funcionaria reconoció que hasta el momento no se ha documentado la presencia ni la ejecución de delitos dentro de los polígonos reclamados.
México invoca el Tratado de 1970 y desconoce la medida
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó con contundencia al señalar que un gobierno subnacional carece de atribuciones constitucionales y de derecho internacional para alterar el trazado limítrofe entre dos naciones soberanas.
La Cancillería fundamentó su postura en el Tratado de Límites de 1970, instrumento marco que regula la demarcación entre México y Estados Unidos. De acuerdo con este marco legal:
- Eje limítrofe: La frontera internacional discurre de forma estricta por el centro del cauce normal del río Bravo.
- Jurisdicción exclusiva: Corresponde únicamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) —cuerpo técnico binacional— evaluar la ubicación de los cuerpos insulares y determinar a cuál de las dos naciones pertenecen.
- Nulidad estatal: Ninguna entidad subnacional, como el estado de Texas, posee potestad legal para adjudicarse por iniciativa propia terrenos fluviales en la frontera.
