Entre gritos de exigencia y la firme demanda de que no queden en libertad, representantes de 19 familias afectadas protestaron este miércoles frente a la Sala de Juicio Oral en Pacho Viejo, municipio de Coatepec. Los manifestantes exigen justicia y castigo severo contra los presuntos integrantes del llamado cártel inmobiliario, señalados de despojar a ciudadanos de casas, terrenos y ranchos en la región capital.
La manifestación coincidió con el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso de Jorge Luna Zavaleta y Álvaro Gómez Arcos, imputados por su presunta participación en esta red de despojos que, de acuerdo con las indagatorias y los testimonios de los afectados, habría operado con absoluta impunidad.
Adultos mayores en la calle y ganancias millonarias
Martha Patricia Aguilar Rendón, una de las afectadas, relató el drama que enfrentan decenas de ciudadanos,incluidos adultos mayores que terminaron despojados de su patrimonio y en situación de calle debido a operaciones irregulares.
Durante la protesta, los inconformes recordaron que en los expedientes judiciales figura el testimonio de una persona con identidad resguardada, la cual declaró haber presuntamente observado al abogado Roly Domínguez Romero —identificado como el presunto líder de la red y actualmente prófugo con ficha roja de la Interpol— obtener hasta 70 millones de pesos en cuestión de minutos tras el desalojo de una familia.
Exigen endurecer penas y señalan a más presuntos implicados
Actualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene a siete personas detenidas e internadas en el penal de Pacho Viejo; sin embargo, los afectados advierten que la red es más amplia.
- Señalaron a Claudia Esperanza Romero Sánchez, ex perito del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), por presuntamente validar como auténticas firmas que eran falsas.
- Apuntaron hacia Miriam Ceballos Ruiz, esposa del abogado Miguel Atilano Cruz, quien permanece prófuga.
- Mencionaron a otros presuntos involucrados como Miguel Isaac Contreras Salazar, Pedro Damián Romero Cruz, Getse Miguel Romero Pozos y Rafael Contreras Salazar.
Ante este panorama, las familias hicieron un llamado directo a las y los diputados locales para reformar el Código Penal de Veracruz e incrementar las sanciones por fraude y despojo, advirtiendo que las penas actuales facilitan que los presuntos responsables eludan la prisión mediante el pago de fianzas.
La FGE acumula hasta el momento 57 denuncias formales, aunque las estimaciones de los afectados apuntan a que el universo de víctimas supera las 200 familias en Xalapa y municipios colindantes, las cuales confían en la restitución de sus bienes y en el respaldo institucional para frenar este tipo de redes de corrupción.
