Un presunto esquema de triangulación de recursos, lavado de dinero y operaciones de tipo “piramidal” por un monto cercano a los 280 millones de pesos fue detectado al interior de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan),Miguel Santiago Reyes Hernández.

Durante su comparecencia ante diputados del Congreso local, el funcionario estatal detalló que estas anomalías ya derivaron en cuatro denuncias formales interpuestas tanto en el ámbito estatal como ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de peculado, incumplimiento de un deber legal,defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Triangulación vía fundación y empresas fachada

De acuerdo con el informe presentado por Reyes Hernández, el desvío operaba mediante la captación de las cuotas estudiantiles a través de una fundación externa, dejando a la institución educativa sin control ni fiscalización directa sobre el dinero. Las indagatorias apuntan específicamente a un convenio firmado en enero de 2025 entre la UPAV y la Fundación EDAL, utilizado como vehículo para canalizar los fondos universitarios.

Aunque parte del capital se destinaba al pago de nómina docente y directiva, la Sefiplan documentó que diversas compañías del ramo inmobiliario y publicitario emitieron comprobantes fiscales por conceptos completamente ajenos a la labor educativa. A esto se suman irregularidades en contratos laborales, alteración de expedientes y cobros injustificados por supuestos servicios de mantenimiento.

Esquema “piramidal” y rescate financiero

El titular de Finanzas subrayó que la estructura interna operaba bajo una lógica “piramidal”, ya que los ingresos de los catedráticos estaban condicionados al reclutamiento de nuevos alumnos.

Finalmente, Reyes Hernández dio a conocer que, dentro del proceso de saneamiento y reestructuración de la casa de estudios, la administración estatal asumió el reconocimiento de 108.7 millones de pesos en pasivos,monto correspondiente a deudas acumuladas durante 2025 y remuneraciones pendientes para el personal académico y directivo.

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