- Ante la falta de regulación y los operativos de Transporte Público, operadores de Uber, DiDi e inDrive preparan una movilización para el 24 de noviembre.
Operadores de transporte privado mediante aplicaciones digitales como Uber, DiDi e inDrive han recurrido a la vía del amparo legal para frenar los operativos de la Dirección General de Transporte del Estado, cuyas detenciones derivan en sanciones económicas que ascienden a los 124 mil pesos.
Fernando Castillo, delegado estatal de la organización de trabajadores de plataformas digitales en México,informó que tras promover un primer recurso colectivo en julio pasado —el cual respalda a 25 socios conductores—, ya se prepara un segundo bloque de amparos para proteger a más trabajadores del volante.
De acuerdo con el representante, el trámite representa una alternativa accesible de defensa jurídica, ya que los abogados únicamente solicitan una cuota simbólica para llevar el proceso. No obstante, advirtió que los choferes continúan vulnerados ante los retenes, pues los tribunales aún no emiten una resolución de fondo ni han concedido la suspensión provisional del acto reclamado.
Suman 25 vehículos asegurados en la entidad
El balance de la agrupación detalla que, en lo que va del año, aproximadamente 25 unidades han sido interceptadas y enviadas al corralón por autoridades estatales: alrededor de 15 casos se registraron en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y cerca de 10 en la capital, Xalapa.
Para liberar los automóviles, los propietarios enfrentan multas de hasta 124 mil pesos, monto que únicamente se reduce al 50 por ciento si la infracción se liquida dentro de los primeros cinco días hábiles.
Exigen destrabar ley de movilidad antes de tiempos electorales
A la par de la estrategia jurídica, el gremio convocó a una manifestación para el próximo 24 de noviembre con el objetivo de presionar al Congreso local y al Ejecutivo estatal para que concreten el marco regulatorio prometido desde mediados de año.
Castillo rechazó que el servicio por aplicación opere en la ilegalidad y atribuyó el conflicto a un vacío normativo: señaló que la Ley 189 de Tránsito y Transporte estatal no está armonizada con la Constitución Política ni con las reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Aunque reconoció apertura en las mesas de diálogo previas, expresó la inquietud del sector ante los reiterados aplazamientos. Los conductores buscan que la legislación quede aprobada antes de que arranquen los tiempos electorales, con el fin de evitar que la regulación del transporte digital se utilice como botín político.







