Periodistas, activistas anticorrupción y defensores de los derechos humanos en México han sido víctima de un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano.
En teoría, dicho programa debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas, sin embargo, entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
Los intentos de espionaje no se detienen con los objetivos, sino que incluso han alcanzado a los familiares de periodistas y activistas, incluido un adolescente.
“El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios”, escribió de The New York Times.
El programa también puede utilizar la cámara y el micrófono de los teléfonos para realizar labores de vigilancia; el dispositivo del objetivo a espiar se convierte en un micrófono oculto.
Al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa israelí, desde el 2011.
NSO Group, empresa encargada de fabricar el software, indicó que vende la herramienta a los gobiernos exclusivamente, con la condición que solo se use para combatir a grupos criminales como cárteles de drogas y terroristas.
The New York Times asegura haber examinado decenas de mensajes junto a analistas forenses independientes y la conclusión del medio estadounidense es que el software “ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares”.
Lo anterior ha sido visto como un intento para intimidar y debilitar a las personas que intentan combatir la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3.
El iPhone de Pardinas, así como el de su esposa, fueron objetivo en repetidas ocasiones del programa, según un análisis forense independiente. El director indicó que la democracia mexicana “se ha deteriorado”.
Un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas, según la ley mexicana. El espionaje puede ser ordenado solo cuando se demuestre que los funcionarios tienen un caso bien armado para realizar dicha solicitud.
El medio estadounidense indica que es poco probable que el gobierno haya recibido la aprobación judicial para hackear los celulares de los periodistas y activistas, según ex funcionarios de los servicios de inteligencia mexicanos.
