Psicólogo Franco González Aguilar
Recientemente se dio a conocer una preocupante estadística en el sentido de que sólo 2 de cada 10 mexicanos han asistido alguna vez a consulta psicológica, acudiendo a ella de 4 a 12 años después de haberse manifestado los síntomas. Pero esta situación originada principalmente por la escasez de recursos, podría modificarse si se hacen cambios sustanciales en la política nacional de salud.
La pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la persistente debilidad de los sistemas de salud en México y en muchos países. Esta circunstancia y los altos niveles de inseguridad pública, desempleo y de contracción de la economía han afectado a la población, incidiendo en el incremento de delitos como el feminicidio y la violencia generalizada, así como en mayor desintegración familiar y aumento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el intento de suicidio.
En estos tiempos pandémicos, más que en otras épocas, la sociedad ha podido percibir que la atención psicológica es un lujo que muy pocos pueden darse. Y si se intenta acudir a las instituciones de salud pública, se constatará la insuficiencia de profesionales de la psicología que pudieran dar apoyo adecuado en los términos y necesidades planteadas por la población.
Para que haya un cambio que beneficie a todos, la salud mental debe ser considerada como un derecho humano fundamental con financiamiento público suficiente.
La ONU hace énfasis en que, en nuestra condición de seres humanos, la salud individual y la de nuestros seres queridos es un asunto de preocupación cotidiana. Cualesquiera que sean nuestra edad, género o antecedentes étnicos y socioeconómicos, consideraremos que la salud es nuestro bien más básico y fundamental.
En un informe sobre el derecho a la salud mental, el señor Dainius Puras, experto de las Naciones Unidas en materia de derecho a la salud, señaló que, a pesar de que es evidente que no puede haber salud sin salud mental, en ningún lugar del mundo la salud mental se encuentra en plano de igualdad con la salud física, en términos de presupuesto o educación y prácticas médicas. En su propuesta también recomienda pasar de un modelo biomédico a un modelo basado en derechos.
De acuerdo con este especialista, los cálculos realizados por la OMS desde 2014 indican que, en el mundo entero, menos del 7 por ciento de los presupuestos sanitarios se destinan a la atención de la salud mental (en México es apenas de alrededor del 2 por ciento). ¿Y por qué se presta tan poca atención al cuidado de la salud mental, cuando una de cada cuatro personas se verá afectada por algún padecimiento de ese tipo a lo largo de su vida?
Es una realidad que la discriminación, los estereotipos negativos y la estigmatización en el marco de la comunidad, la familia, la escuela y el centro de trabajo, impiden las relaciones sanas, la interacción social y la creación de contextos integradores que son necesarios para el bienestar general.
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El artículo 72 de la Ley General de Salud establece que “la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario”. Por consiguiente, debemos trabajar conjuntamente en mejorar el sistema de salud pública, para que la salud psicológica esté al nivel de la salud física, porque de continuar marginada en los presupuestos públicos, seguirá siendo costosa, exclusiva e inaccesible para la mayoría.
Por ello es importante la convocatoria que la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario—en voz de su presidenta Itzel Madrigal—hace a los profesionales, a las instituciones y a las organizaciones sociales para participar en el Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, un evento en formato virtual que se realizará en mayo próximo con el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila y la colaboración de expertos de México, Estados Unidos, Argentina y Perú.
