Una ola de malestar recorre estos días los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). La decisión del Gobierno mexicano de imponer una quita del 20% sobre el pago de las deudas acumuladas durante los últimos años por la red de librerías públicas ha desatado una fuerte indignación, velada en algunos casos y explícita en otros, entre las editoriales del país.

Las casas independientes, muy centradas en las ventas al Estado, sin apenas músculo exportador ni incentivos para la inversión privada, denuncian el estrangulamiento de su principal balón de oxígeno y alertan que el golpe podría incluso abocarles a la desaparición. Mientras que multinacionales como Penguin Random House lanzan un órdago al Gobierno al negarse a aceptar la quita y no descartan las demandas judiciales.

La palabra más repetida es “extorsión”. Así interpretan varios editores mexicanos, que prefieren no dar su nombre, el movimiento del Gobierno. A finales de la semana pasada, a las puertas de la inauguración de la FIL, fueron convocados uno a uno. Iban a cobrar, con años de retraso, las deudas contraídas por Educal —una empresa pública con 90 establecimientos, al borde de la quiebra— pero con la condición de que aceptaran el mordisco del 20% sobre el total. A cambio de firmar la quita, las autoridades se comprometían a saldar los impagos de este 2019, el primero del actual Ejecutivo. Y casi todos firmaron.

Los editores independientes consultados consideran que no hubo margen de negociación, que se sintieron acorralados, que fue un abuso por la posición de poder desigual entre las partes. “El hecho de que firmáramos no significa que estuviéramos de acuerdo. Se trataba de una deuda antigua por libros vendidos y cobrados. Tenemos obligaciones de imprenta, de autor… Gastos de operación que son muy difíciles de cumplir si uno de tus principales clientes no paga. Es una situación de emergencia y urgencia y nos vimos obligados a firmar”, cuenta un editor veterano.

Tenemos una red de librerías raquítica. De cinco clientes principales, dos son del Estado

Subrayan que dados los ajustados márgenes de la cadena del libro, ese 20% significa prácticamente seguro entrar en territorio de pérdidas. Algunos se han visto obligados a pedir préstamos bancarios para poder pagar nóminas o gastos de imprenta. Hay incluso quien se plantean cerrar la persiana.

Otros no son tan duros y reconocen un cierto “afán de rescate” de una institución importante como Educal, nacida con el objetivo precisamente de compensar el déficit privado y extender la red de venta al público. Enfatizan también que tras estar paralizados durante los últimos años, programas clave como las compras de la Dirección General de Bibliotecas o de Publicaciones, ambas se reactivaron tímidamente con el nuevo Gobierno.

“Lo que ha sucedido es la gota que colma el vaso, pero a la vez es un síntoma que desnuda los problemas sistémicos del mercado mexicano. Tenemos una red de librerías raquítica en la que de los cinco clientes principales, dos son del Estado. Vivimos con el agua al cuello y con una dependencia extrema de los subsidios”, apunta otro editor puntero.

La dependencia estructural del dinero público se acentuó durante los últimos años del gobierno pasado, que fue rebajando la financiación al mundo editorial hasta casi la bancarrota de Educal. Las ventas del sector privado llevan tres años consecutivos de caídas, según datos de la patronal editorial mexicana (Caniem), arrastradas por la reducción de las compras gubernamentales desde inicio del sexenio priísta. De la frontera de 2012 y hasta 2018, el recorte ha sido de más 40%.

Pese al desplome, aún supone en el volumen de ventas total más de una tercera parte, por encima de librerías y escuelas. El mapa de librerías, otra de las demandas crónicas de la industria, es escaso y nada proporcional. Son poco más 500 en un país de 130 millones y están concentradas en las grandes ciudades: el 94% de los municipios mexicanos no tiene dónde comparar libros.

Esta nueva batalla editorial llega en pleno proceso de una de las reformas más ambiciosas de la política cultural del Gobierno de López Obrador. La fusión del Fondo de Cultura Económica (FCE) –con un catálogo de más de 10.000 títulos, 28 librerías en México y presencia EE UU, España y ocho países latinoamericanos– con otras dos instituciones editoriales mexicanas: Educal y la Dirección General de Publicaciones, dependiente de la secretaría de Cultura. De hecho, esa es la razón defendida por la Administración mexicana, inmersa en un severo ajuste presupuestario en casi todos los ramos, para justificar la opción de la quita.

“Para poder llevar a cabo la fusión, es necesario deshacer Educal como empresa y eso no se puede hacer sin no se limpian antes los pasivos. La secretaría de Hacienda nos ofreció una cantidad que equivale a poco más del 80% de total de impagos acumulados durante los años anteriores a llegar nosotros. El plan es saldar la deuda con las editoriales con la quita del 20% y pagar los pendientes de este año en tiempo y forma. Solo una de las editoriales ha descartado el ofrecimiento”, resume Paco Ignacio Taibo, director general del FCE.

El que ha dicho no es el gigante Penguin Random House (PRH), cuarto grupo editorial del mundo y líder del mercado hispano. “No estamos dispuestos a aceptar esta quita por unos libros vendidos y cobrados. Y mucho menos que se ponga como condición para el pago de otras deudas. Es como si se tratara de un impuesto revolucionario”, apunta el Roberto Banchik, director general del grupo para México y Centroamérica. De momento no consideran la vía legal pero “habrá que ver cómo evoluciona esto”.

Ambas partes están abiertas a negociar. PRH plantea que se pague ahora una parte de la deuda -cifrada por el Gobierno en 5,7 millones de pesos- y el resto se refinancie a plazos. “Que es lo que se ha hecho siempre con el gobierno federal en el pasado”, añade Banchik. Mientras tanto, van a cerrar el grifo de distribución de Educal y, si el conflicto no se resuelve, escalará también al FCE. Desde la dirección de la mayor editorial pública en español consideran que es tiempo de apretarse el cinturón y contribuir entre todos a pagar la deuda heredada de la Administración anterior.

Publicidad