Autor: JUAN CARLOS TALAVERA
Si México realmente quisiera combatir el tráfico de piezas históricas, arqueológicas y bienes culturales de la nación, debería tipificar dicho delito como grave en el Código Penal federal y en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aseguró a Excélsior Arturo Saucedo.
Además, abundó el promotor cultural y experto en políticas públicas, se debe insistir en la creación del catálogo de bienes nacionales muebles e inmuebles, el cual debe ser público, así como lo indica la Ley general de Bienes Nacionales.
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El comentario llega luego de que el Archivo General de la Nación (AGN) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron la preparación de “una estrategia jurídica” que presentarán esta semana para reclamar documentos que forman parte del patrimonio nacional.
El AGN y la SRE anunciarán su estrategia, pero sólo es dar palos de ciego, porque no van al fondo de asunto”, expresó en entrevista.
El problema que tienes en los litigios internacionales es que, generalmente, México no litiga porque cuando lo hace, pierde”, debido a que no puede acreditar la propiedad de la pieza o la obra y tampoco puede acreditar que ésta ha sido extraída ilegalmente”.
Asimismo, cuando en nuestro país se detecta alguna excavación ilegal, lo que pasa es que meten a la cárcel a los peones, pero no a quien los manda a robar las piezas”.
Aunado a esto, “como no se trata de un delito grave, cualquiera sale sin mayor problema, y sólo se quedan en prisión los que no pueden pagar la multa”, advirtió.
Saucedo también recordó que, desde hace varias administraciones, “se han etiquetado recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para hacer el catálogo, pero esos dineros se lo gastaron en investigaciones de gabinete, como si ellos no quisieran el catálogo de bienes culturales, porque afirman que sería una manera de darle un instrumento a los saqueadores, pero no es cierto”, dijo.
OCTAVIO PAZ
Saucedo recordó que las denuncias vienen de los especialistas y no de las instituciones, es decir de quienes vieron los documentos, como el caso del Sagrario de la Catedral (Excélsior 13/07/2020) y de otros más que se han puesto en evidencia en los medios públicos.
Además, aseveró que dicha falta de protección es tan visible que, en el caso del legado de Octavio Paz, nunca se pensó en expropiar su archivo ni sus bienes inmuebles.
Ahorita quieren expropiar documentos de valor histórico, pero por qué no expropiaron el legado de Octavio Paz cuando era más sencillo, debido a que no existían herederos”, cuestionó.
Así que “ésas son las inconsistencias que nos hablan de un desorden en el que priva la corrupción y se da pie al robo de documentos históricos o también del legado de Octavio Paz”.
Por último, lamentó que la Secretaría de Cultura federal, dirigida por Alejandra Frausto, eche mano del Unidroit, a propuesta de Jorge Sánchez Cordero, para recuperar bienes culturales traficados, “debido a que dicho instrumento sólo posibilita la compra de los bienes que han sido traficados, utilizando recursos públicos, con lo cual se legitima lo ilegal”, concluyó.
