Peritos forenses que intervinieron en la autopsia de Diego Armando Maradona concluyeron que el exfutbolista no falleció de forma repentina, sino tras un deterioro progresivo acompañado de una agonía prolongada, según expusieron en la séptima audiencia del juicio por su muerte.
Durante la diligencia judicial, el médico forense Federico Corasaniti sostuvo que el cuerpo presentaba signos evidentes de edema generalizado, lo que implica acumulación de líquidos por fallas orgánicas. “No se trató de un evento súbito”, afirmó, al tiempo que describió una agonía que fue perceptible desde el exterior.
El especialista detalló la presencia de espuma en la cavidad bucal, asociada a procesos de asfixia, derivada de la mezcla de aire y líquidos en las vías respiratorias, consecuencia de un edema pulmonar que comprometía la función respiratoria.
Los estudios post mortem revelaron además que el corazón del exjugador pesaba 503 gramos, valor significativamente superior al promedio, y presentaba múltiples afecciones, entre ellas fibrosis, infiltración grasa y deterioro del tejido muscular. Corasaniti desestimó comparaciones con estándares internacionales al considerar diferencias físicas entre poblaciones.
Por su parte, la histopatóloga Silvana De Piero confirmó daño hepático compatible con cirrosis, así como afectaciones renales de evolución variable. Ambos cuadros, junto con la presencia de coágulos en el corazón y signos de congestión pulmonar, apuntan a un proceso agónico que se habría extendido durante varios días.
Otro elemento destacado fue la ausencia de contenido gástrico, lo que contradice versiones iniciales sobre la ingesta de alimentos horas antes del fallecimiento.
La Fiscalía considera que estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el exfutbolista permaneció sin supervisión médica adecuada durante un periodo prolongado previo a su muerte.
En la misma audiencia, el bioquímico Ezequiel Ventosi informó que los análisis toxicológicos no detectaron presencia de alcohol ni drogas de abuso en la sangre.
El proceso judicial, que se lleva a cabo en San Isidro, busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud imputados por homicidio con dolo eventual en relación con el fallecimiento ocurrido en noviembre de 2020.
