Adolfo Reus, abogado de Arturo Bermúdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, señaló que buscarán recuperar los bienes asegurados al ex funcionario por el gobierno estatal.
El abogado explicó que el fiscal Jorge Wincler Ortiz no respetó los acuerdos reparatorios, luego de que donó los bienes al gobierno de Miguel Ángel Yunes, por lo que buscarán recuperar las siete propiedades, entre ellas el rancho La Cartuja, en Noalinco, un edificio en el puerto de Veracruz, entre otros terrenos.
En conferencia de prensa, Rodolfo Reus admitió que Arturo Bermúdez Zurita está en riesgo porque “lo han puesto en el ojo del huracán al imputarle delitos tan graves”.
Rechazó que exista algún acuerdo con el actual gobierno estatal, “nada, ningún acuerdo con el licenciado Cuitláhuac, ni con el licenciado secretario de Gobierno ningún acuerdo, ningún acuerdo con el gobernador, es más mezclarlo en esto es totalmente sin fundamento alguno, nada de nada”, puntualizó.
Respecto a las acusaciones de que llegaron a acuerdos con Yunes Linares, dijo que “nunca se concretaron los acuerdos reparatorios, hubo donaciones ahí están, ocho conferencias de prensa del ex gobernador, no se concretaron por culpa del fiscal, por negligencia del fiscal del Estado, el Estado va a dejar de tener en su patrimonio los bienes que donamos porque vamos a revocar donaciones”, adelantó.
“La ley es clara, dentro de los primeros cinco años se puede revocar lo que se dona, no hay ni juicio. Está donado pero pueden revocar la donación”, aclaró.
Además, dijo que no se usaron recursos públicos para comprar la residencia en Texas, cuyo valor es de un millón de dólares y que se está pagando a crédito.
“Lo que pagó el gobierno estatal pasado son derechos, pero el proceso no se concretó y el dinero puede recuperarlo el Estado”, añadió.
Puntualizó que para que saliera el ex secretario alegaron el estatuto de Roma que privilegia la presunción de inocencia y ahí no dice que desaparición forzada amerite prisión preventiva.
Apuntó que en el caso de la residencia de Estados Unidos la empresa norteamericana que tenía en sus manos el proceso de recuperación del bien lo acaba de contratar para ver el tema de la devolución del dinero, de los 220 mil dólares que dio el gobierno estatal que firmó un convenio para hacerse de esa residencia.
