Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el debate nacional sobre sus repercusiones financieras y operativas ha tomado fuerza. Aunque la ratificación final del proyecto de dictamen permanece en cancha del Senado de la República, analistas financieros coinciden en que los cambios plantean un panorama contrastante entre facilidades para pequeños contribuyentes y candados severos para el sector empresarial.
En entrevista para Radio Fórmula, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, analizó los dos pilares de esta modificación fiscal, destacando un avance claro en la simplificación administrativa para micro y pequeñas empresas, contrapuesto con un endurecimiento en las deducciones operativas.
La buena noticia: se amplia la cobertura del Resico
Uno de los aciertos más notables de la reforma es el incremento en el techo de ingresos del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), el cual sube de 3.5 a 5 millones de pesos anuales tanto para personas físicas como morales.
“Se reconoce que una empresa que no es grande merece menos complicaciones a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias. Es un incentivo real para la liquidez y la permanencia en la formalidad de unidades económicas pequeñas”, sostuvo el especialista.
La controversia: mayor fiscalización y freno a las deducciones
En la otra cara de la moneda, la legislación aprobada incrementa los controles sobre las empresas medianas y corporativos al limitar los esquemas de deducción de gastos.
Aunque el argumento central del Gobierno federal para implementar estos “candados” es acorralar a las empresas factureras —dedicadas a la evasión mediante la simulación de operaciones—, los efectos colaterales podrían impactar a corporativos legítimos.
- Impacto en márgenes reducidos: Negocios que manejan un alto volumen de ventas pero un bajo margen de ganancia neta sufrirán serias complicaciones de operación al restringirse la comprobación de sus gastos habituales.
- Falta de focalización: Se imponen reglas severas y generalizadas a los contribuyentes cautivos en nombre del combate al fraude fiscal, sin garantizar que verdaderamente se desarme la red de facturación falsa.
Materias pendientes: informalidad y transparencia
A juicio del director editorial de El Economista, el dictamen omite abordar dos de las deficiencias más apremiantes del sistema tributario mexicano:
- Sin estrategia contra la informalidad: Las medidas continúan apretando la carga fiscal sobre el universo de contribuyentes formalmente registrados, dejando intactas las actividades informales que representan aproximadamente el 25% de la economía del país.
- Opacidad en los resultados: Persiste la falta de claridad e información pública respecto a la eficacia real de las medidas anticorrupción. Hasta ahora no hay certeza de si las nuevas reglas frenarán a las factureras o si estas continuarán operando en la impunidad mientras el contribuyente cumplido asume el costo administrativo.
El dictamen se encuentra ahora a la espera de la votación en la Cámara de Senadores para su eventual ratificación y posterior promulgación.
