El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo su antecesor Enrique Peña Nieto, contrata deuda para pagar el gasto corriente y no para la inversión de obras de infraestructura productiva.
“El endeudamiento superó ampliamente a la inversión pública entre 2013 y 2018, es decir, la deuda se usó parcialmente para sufragar gasto corriente. Así la política fiscal fue conducente a la insostenibilidad de las finanzas públicas”, asegura el organismo a cargo de Carlos Hurtado López.
“Lo mismo pasa en la actual administración, de acuerdo con las cifras observadas hasta 2022 y las estimadas para el cierre de 2023 y el programa para 2024”, afirma el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Según el centro de investigación, la práctica reconocida como la más adecuada en cuanto al endeudamiento público es que se utilice para financiar proyectos de inversión que sean rentables, mientras que el gasto corriente se financie con sus ingresos recurrentes.
A menudo, a esta disciplina se le ha llamado la “regla de oro” de la deuda pública o más generalmente de las finanzas públicas: “La lógica es que la inversión pública sea rentable económicamente, ya sea porque los ingresos del proyecto en sí mismo sean mayores a sus costos, ambos en valor presente, y con ello se pueda pagar los intereses y el capital de su deuda”.
La operación de los proyectos impulsa la actividad económica, generando entonces mayor recaudación fiscal que sea suficiente para esos pagos, recuerda el CEESP.
“La disciplina de la llamada regla de oro se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo, pero si se incumple recurrentemente quiere decir que la deuda se utiliza para sufragar gasto corriente y tarde o temprano crece más que el PIB y se hace insostenible”, explica.
Agrega que también se acostumbra a considerar los efectos indirectos o externalidades que puedan ser negativas o positivas.
Las primeras reducen el beneficio neto para la sociedad (como puede ser el daño ambiental) y las segundas lo elevan (como puede ser una mejora en la conectividad). Es decir, el análisis de la rentabilidad o beneficio-costo social, como el que manda la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“El sector público no siempre ha cumplido con la disciplina de la citada regla de oro. A veces porque el monto del endeudamiento público ha excedido a la inversión física del sector público. Otras veces porque los proyectos no generan rentabilidad en alguno de los sentidos señalados antes”, comenta.
“Considerando solamente la diferencia entre los flujos anuales acumulados de endeudamiento público y los de inversión física del sector público, se aprecia que en los periodos 2001-2006 y 2007-2012 el endeudamiento fue menor o similar a la inversión. Es decir, en general se utilizó para financiar la inversión física y no para pagar gasto corriente. En este sentido, fue una política de finanzas públicas sostenible”.
La mayor parte del endeudamiento y su exceso sobre la inversión pública del periodo 2013-2018 (el sexenio de Peña Nieto) se dio en los primeros cuatro años, con una fuerte corrección en los dos últimos.
“Como se ha insistido en los análisis de este Centro, la deuda pública ha aumentado en forma constante durante esta administración, con mayor fuerza en 2021 y, sobre todo, en el programa oficial para 2024”.
Contrariamente a lo declarado en diversas ocasiones por parte de funcionarios públicos y legisladores del régimen o afines al mismo, la nueva deuda de 2024 no se debe sólo a la terminación de los proyectos de inversión insignia del gobierno —una mala práctica por sí misma—, sino que supera por mucho a la inversión pública presupuestada, manifiesta.
“Para el año próximo se propone un endeudamiento de más del doble de lo presupuestado para inversión física. Dicho de otra forma, se planea un gran endeudamiento en parte importante para financiar el elevado gasto corriente de 2024”, asevera.
La tendencia a la insostenibilidad de las finanzas públicas vista desde esta óptica es un riesgo que podría materializarse durante la siguiente administración, detalla.
El CEESP precisa que el riesgo se agrava debido a muchas necesidades apremiantes, entre ellas, los grandes requerimientos de gasto corriente y de inversión en salud, educación y seguridad pública; las presiones inerciales del gasto en pensiones y jubilaciones y el costo de la deuda pública, y la inversión requerida en infraestructura y logística, si se pretende aprovechar plenamente la oportunidad de la relocalización (nearshoring).
El riesgo de la insostenibilidad de las finanzas públicas a futuro se agrava significativamente en la medida de que los proyectos de inversión favoritos de este gobierno carezcan de rentabilidad económica, advierte el CEESP.
