El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la desaparición de organismos autónomos implica riesgos para la competitividad de México, pues se requiere garantizar la autonomía de las funciones reguladoras, evaluadoras y garantes de transparencia.
En el documento “Desaparición de órganos autónomos”, el centro de análisis señaló que esta semana tendrá lugar la discusión y, en su caso, aprobación de la reforma que busca eliminar siete órganos autónomos y trasladar sus funciones a dependencias.
Explicó que si bien en la teoría las tareas se mantienen, es necesario que la nueva estructura administrativa garantice la autonomía de las decisiones que, por su naturaleza, deben ser técnicas e independientes de la agenda y los intereses del Poder Ejecutivo.
El IMCO aseguró que generar, atraer y retener talento e inversión no es posible sin una estructura institucional que procure la certeza jurídica y garantice la imparcialidad de las decisiones de vigilancia y regulación del gobierno.
La organización propuso garantizar la autonomía técnica, operativa y de gestión de los órganos desconcentrados, descentralizados o unidades administrativas -según sea el caso-, estableciendo con detalle el tipo de autonomía de cada una en la modificación posterior de las leyes que correspondan.
Asimismo, establecer un mecanismo de control legislativo que exija la comparecencia de las personas titulares de las unidades o instituciones que absorban las funciones, a fin de realizar el seguimiento de los avances del cambio administrativo y una evaluación del desempeño de sus funciones para asegurar la independencia de sus decisiones.
También propuso diseñar un protocolo para que la transferencia de las capacidades institucionales (recursos humanos, conocimiento, tecnologías, metodologías, sistemas) de los órganos extintos a las instituciones sea exitosa. Para esto, es necesario considerar estrategias concretas de integración de los equipos de trabajo, así como de capacitación y coordinación intrainstitucional.
Además, propuso mantener la perspectiva de toma de decisiones colegiadas, que hoy se tiene a través de órganos de gobierno, a fin de evitar la concentración de intereses e implementar manuales específicos para la gestión de los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos que pasarán a formar parte del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por último, incluir dentro de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el Senado un equipo encargado de monitorear posibles incumplimientos al tratado derivados de esta reforma administrativa tanto en el diseño, como en la implementación de los cambios.
