La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizarán el lunes y el martes una cumbre en Bruselas sobre la cual planeará un tema de difícil solución: el acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur.
Las negociaciones se arrastran desde 1999, y a pesar de un anuncio sobre un principio de entendimiento en 2019, diplomáticos y negociadores a ambos lados del Atlántico tratan de superar importantes escollos.
La cumbre de Bruselas no se concentrará específicamente en el acuerdo entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), ya que está consagrada a las relaciones políticas entre el bloque europeo y el grupo de 33 naciones de la CELAC.
Sin embargo, aunque el acuerdo concierne a apenas 4 de los 33 países de la CELAC, esta cumbre era vista como el escenario ideal para que la UE y el Mercosur finalmente exhiban el humo blanco del acuerdo, una posibilidad que ahora parece más y más lejana.
España, que el 1 de julio de este año asumió la presidencia rotativa semestral del Consejo de la UE, insistió en que la reaproximación con los países de la CELAC eran una prioridad, y esperaba la cumbre de Bruselas sea el marco para un anuncio.
Pero ante el estancamiento de las conversaciones y la perspectiva real de que un acuerdo aún no esté próximo, un alto diplomático español advirtió que la reunión de Bruselas “será una cumbre política, no una cumbre de negociación”.
Para el embajador Gustavo Pandiani, Subsecretario para Asuntos de América Latina de la cancillería argentina, la cumbre de Bruselas será sobre “consultas y diálogo político, sobre grandes líneas políticas. No vamos a hablar de tarifas”.
Además, recordó, “alguien anunció hace cuatro años que teníamos un acuerdo, y ahora seguimos discutiéndolo. Entonces, es probable que no hayamos tenido entonces un acuerdo”.
Por eso, al ser consultado sobre qué esperaba su país en esta cumbre en relación con el acuerdo Pandiani dijo que “no mucho, porque la cumbre no es lugar para negociar comercio, sino un foro político”.
En Francia, una fuente del poderoso ministerio de Economía señaló que “la posición del país es clara: estamos a la espera de garantías, sobre todo en materia medioambiental.(…) Por el momento, no sentimos que haya mucho progreso en este tema”.
Marchas y contramarchas
En junio de 2019, durante una reunión del G20 en Osaka, Japón, las partes involucradas anunciaron un principio de acuerdo, en medio del alivio generalizado después de 20 años de negociaciones.
Sin embargo, las dificultades no tardaron en aparecer, y el proceso volvió a quedar trabado.
La primera alerta surgió ante la gestión del entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre el medio ambiente en general y sobre la floresta amazónica en particular.
Además, en 2020 la UE adoptó su Pacto Verde, un estricto y ambicioso grupo de normas para lograr la neutralidad de carbono para 2050.
En ese cuadro, diversos países europeos pasaron a exigir que la UE incorpore un capítulo especial sobre protección ambiental al acuerdo, para impedir que se promueva la deforestación en el Mercosur en beneficio de la exportación de productos agrícolas.
Después de numerosas marchas y contramarchas la UE presentó en marzo de este año al Mercosur una conjunto de propuestas para ese instrumento adicional sobre compromisos ambientales.
Sin embargo, la propuesta fue mal recibida, especialmente por Brasil, por considerar que transformaba metas voluntarias en vinculantes a la luz de pactos internacionales, y exponía al país a sanciones en caso de incumplimiento.
Las partes agendaron para el 26 de junio una reunión para discutir la contrapropuesta del Mercosur, aunque después de retrasos le cita terminó por ser cancelada.
Brasil anunció que está terminando de pulir su contrapropuesta, que aún deberá ser discutida con los socios del Mercosur antes de ser presentada a la UE.
