José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que la elección popular de jueces, magistrados y ministros propuesta en la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador erosionará la confianza de inversionistas y provocará incertidumbre en el mundo empresarial.
La mayor preocupación de la reforma judicial es la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ya que se “puede comprometer la independencia judicial, una piedra angular para un sistema de justicia que exige ser imparcial y libre de influencias políticas”, manifestó durante una conferencia.
“La propuesta como está planteada, podría erosionar tanto la confianza pública como la atracción de inversiones por la probable imparcialidad de las resoluciones judiciales”, consideró.
Según el líder del sindicato patronal, la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros puede generar incertidumbre jurídica, que tanto reclaman los inversionistas.
“Ningún país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elige a jueces y magistrados. Se ha argumentado que en Estados Unidos se elige a los jueces, son en realdad jueces locales no jueces federales, y de estos jueces locales la resolución la toma un jurado”, precisó.
Comentó que los políticos de Morena, el partido fundado por el presidente, han argumentado que también se eligen jueces en Japón, pero “no es cierto y hoy en Japón hay un mecanismo para remover jueces”.
Los ciudadanos japoneses nunca han elegido a sus jueces a través del voto popular ni a través de urnas, indicó.
“La elección popular puede politizar la justicia, generando conflictos de intereses y comprometiendo la imparcialidad de los jueces”, advirtió.
Dijo que la elección popular de jueces no legitima su función, ya que los estándares internacionales exigen que los jueces tengan una carrera judicial que acredite su técnica y conocimientos sobre la impartición de justicia.
“La reforma judicial, en su estado actual, podría llevar a responsabilidades internacionales debido a la falta de cumplimiento con los estándares en derechos humanos e independencia judicial”, apuntó.
“Una declaración de responsabilidad internacional sería extremadamente perjudicial para la posición de México a nivel global y podría impactar negativamente nuestra economía”, añadió.
