La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que las pequeñas y medianas empresas agrícolas y el campo están en riesgo financiero, incumplimiento y vulnerabilidad por los cambios realizados y aprobados a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social.
“Creemos que las reformas y su implementación pueden poner en un grave riesgo de incumplimiento y vulnerabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector agrícola”, afirmó el organismo patronal en un comunicado.
Para su aprobación no se tomó en cuenta la opinión de los sectores involucrados, ni la voz de los trabajadores del campo, recordó el sindicato empresarial a cargo de José Medina Mora Icaza.
“Un tema delicado es que la reforma se haya publicado y entrado en vigor de un día para otro, pues no se le dio tiempo a las empresas para adaptarse”, agregó la organización patronal.
La publicación de las reformas se hizo el 24 de enero y su entrada en vigor se determinó al día siguiente.
“Esto pone en estado de vulnerabilidad a las empresas y a los empleadores, porque es materialmente imposible adecuar sus operaciones, contratar personal para el manejo administrativo y realizar inversiones para cumplir con la ley en tan sólo un día”, sostuvo.
Afirmó que se trata de reformas profundas al marco legal y que es imposible que la industria se adapte en un día.
Reformas suplantan servicios que el IMSS proveía a familias
Agregó que las reformas tienen elementos que podrían poner en riesgo la sustentabilidad financiera de las empresas agrícolas, como el hecho de suplantar los servicios que el IMSS proveía a las familias de los trabajadores en caso de que el IMSS no cuente con instalaciones cercanas al lugar de trabajo.
Comentó que hay elementos positivos en la reforma de la Ley del Seguro Social, pero hay temas a discusión como es el hecho de que los empleadores suplanten tareas que le corresponden al IMSS, a la SEP y al DIF.
“Están fuera de lugar y de toda proporción, las obligaciones de otorgar habitación con predio para la cría de animales de corral, alimentos para los trabajadores, asistencia médica y medicamentos para trabajadores y sus familiares, seguros de vida, así como el pago de incapacidades hasta 90 días”, manifestó.
Dijo que también se considera suplantar las tareas de la SEP, ya que los empleadores están obligados a establecer y sostener escuelas cuando la Secretaría de Educación no cuente con centros educativos cercanos., y que a su vez se transfieren al empleador las tareas de proveer servicios de guarderías a los hijos de los trabajadores y establecer salas de lactancia, que aunque es muy positivo, implica una inversión que, de un día a otro, es imposible concretar.
“Todo ello no se encuentra entre las obligaciones patronales en otras ramas industriales y que deben corresponder en todo caso, a la carga del Estado”, afirmó.
Detalló que la ley distingue con claridad quiénes sí son y quiénes no las personas trabajadoras del campo, y precisa su carácter de trabajadores permanentes o temporales y establece la obligación de entregar constancias sobre la antigüedad acumulada, las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social.
“Lamentamos que sobre la NOM-038-STPS-2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haya dejado pasar la oportunidad histórica de poder incorporar a la formalidad de la agroindustria a jóvenes de 16 y 17 años”, apuntó la Coparmex.
Dijo que al día de hoy ya trabajan en ese mismo giro laboral, pero en la informalidad, donde sus salarios son cubiertos en efectivo, sin gozar de derechos humanos laborales, tales como la Seguridad Social, pago de utilidades, bonos, horas extras y prestaciones legales básicas, dejando afuera de la esfera del trabajo digno a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
“Acrecentando con esto, la ya cercana cifra de informalidad en el empleo al 60% en México”, aseveró la organización patronal.
“En los contratos individuales de trabajo se observen tiempos adecuados de descanso y pausas, y se establezcan mecanismos para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se podrán acudir cuando consideren que sus derechos han sido menoscabados”, apuntó.