Unas finanzas públicas más débiles combinadas con el riesgo de un respaldo extraordinario para Pemex y CFE podrían degradar las calificaciones de México por parte de S&P en los próximos dos años.
Si el gobierno de Claudia Sheinbaum no reduce oportunamente el alto déficit fiscal, la deuda pública y la carga de intereses podrían ser mayores que las esperadas, consideró la agencia al exponer cuál sería un escenario negativo para el país y sus notas.
Agregó que acontecimientos inesperados que debiliten la percepción de los inversionistas y la inversión, como retrocesos en la relación con Estados Unidos, o consecuencias económicas negativas derivadas de la reforma judicial, podrían debilitar la estabilidad macroeconómica y conducir también a una baja de la calificación.
La firma confirmó este viernes las notas soberanas de México en moneda extranjera y en moneda local, y además mantuvo su perspectiva estable.
La agencia conservó la calificación en moneda extranjera de largo plazo de ‘BBB’, y en moneda local de largo plazo de ‘BBB+’, anunció en un comunicado de prensa.
Fundamentó su decisión en que el gobierno de Sheinbaum se ha comprometido a reducir el déficit fiscal, a estabilizar las finanzas públicas y el nivel de endeudamiento.
Además, previó que las posibles disputas entre México y Estado Unidos sobre comercio, migración y otros asuntos probablemente se gestionarán de una forma pragmática que sustente la estabilidad económica.
En su escenario positivo, S&P señaló que podría subir las calificaciones en los próximos dos años si una gestión política y económica efectiva, incluyendo la atracción de más inversión extranjera debido al nearshoring, impulsa la inversión y aumenta la débil tasa de crecimiento del PIB per cápita.
Añadió que la implementación de pasos para impulsar la flexibilidad presupuestaria, reconstituir los amortiguadores fiscales y ampliar la base tributaria no petrolera para mitigar los potenciales pasivos contingentes que representan Pemex y CFE en el sector de energía, podrían mejorar la calidad crediticia del país.
Reformas pueden debilitar confianza de inversionistas
S&P apuntó que las reformas constitucionales introducidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluida la reforma al sistema judicial y la “reducción de la autonomía de varios organismos reguladores” han generado mucha controversia.
Consideró que otras reformas que incluyen medidas para afectar o abolir las agencias reguladoras, incluidas aquellas que se ocupan de la competencia, el acceso a la información y las políticas energéticas, y la transferencia de sus funciones al gobierno, podrían debilitar la efectividad de esos reguladores.
Opinó que las implicaciones a largo plazo de esos cambios no están claras, pero se corre el riesgo de debilitar la confianza de los inversionistas y potencialmente la transparencia y previsibilidad de las políticas gubernamentales.
