La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU, sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a fraude de tiempo compartido liderado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ello significa la quinta vez que autoridades estadounidenses sancionan a personas ligadas con esta actividad, así lo dio a conocer este miércoles el Tesoro a través de un comunicado.
Los señalados están establecidos cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, ‘un destino turístico que también sirve como fortaleza estratégica para el CJNG’, señala el documento.
Según el Tesoro, aunque el narcotráfico sigue siendo la principal fuente de ingresos del CJNG, el grupo también obtiene recursos de actividades como el robo de combustible, la extorsión y el fraude relacionado con tiempos compartidos, es decir, el derecho a utilizar una propiedad vacacional durante un periodo específico.
“Venimos por los carteles de la droga terroristas como el CJNG que está inundando nuestro país con fentanilo,” dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
“Estos carteles siguen creando nuevas formas para generar ingresos que aceleren sus operaciones terroristas. Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar completamente la habilidad de los carteles de generar ingresos, incluidos sus esfuerzos de aprovecharse de ancianos americanos a través del fraude de tiempo compartido”, añadió.
La OFAC ha impuesto sanciones a individuos y entidades relacionados, de manera directa o indirecta, con los fraudes de tiempo compartido del CJNG por quinta ocasión, alcanzando hasta ahora a más de 70 personas y organizaciones.
Las acciones previas se registraron el 2 de marzo de 2023, el 27 de abril de 2023, el 30 de noviembre de 2023 y el 16 de julio de 2024, aunque el organismo indica que esta actividad se viene identificando desde 2012. Además, desde el 2015 la OFAC sancionó al CJNG por jugar un rol significativo en el tráfico internacional de narcóticos.
Las personas señaladas
De entre las personas señaladas destacan Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela, Francisco Javier Gudiño Haro y Michael Ibarra Díaz, como los principales operadores estos esquemas.
En el caso de Ibarra Díaz, originario de Puerto Vallarta, se puntualiza que en apariencia es “un empresario legítimo del sector turístico”, pero al final funge como prestanombres del CJNG y su red está compuesta por 13 empresas.
Cinco de estas empresas —Akali Realtors, Centro Mediador De La Costa, Corporativo Integral De La Costa, Corporativo Costa Norte y Sunmex Travel— se dedican a la comercialización de tiempos compartidos; TTR Go opera como agencia de viajes. Además, Inmobiliaria Integral Del Puerto, KVY Bucerías y Servicios Inmobiliarios Ibadi se enfocan en la venta o alquiler de bienes raíces.
A esta red de empresas se incluyen otras de diversos ramos: operadores turísticos como Fishing Are Us y Santamaria Cruise; negocio de servicios automotrices como Laminado Profesional Automotriz Elte; y una firma de contabilidad llamada Consultorias Profesionales Almida, detalla el documento.
Modus operandi
La OFAC detalló que el fraude de tiempo compartido opera en varias fases. Primero, los cárteles obtienen información de propietarios estadounidenses mediante cómplices en complejos turísticos de México y los contactan por call centers, haciéndose pasar por agentes de empresas estadounidenses para cobrar “cuotas” e “impuestos” por adelantado mediante transferencias a bancos mexicanos.
En una segunda fase, se hacen pasar por abogados o funcionarios gubernamentales, incluso de la OFAC, prometiendo recuperar fondos perdidos a cambio de pagos iniciales y, en algunos casos, amenazando con multas o cárcel.
Entre julio y diciembre del año pasado, la OFAC reportó que la Red de Ejecución de Control Financieros recibió más de 250 reportes de actividades sospechosas relacionadas con estafas de tiempo compartido. Se identificaron aproximadamente mil 300 transacciones por un total de 23.1 millones de dólares, enviadas principalmente desde EU hacia México, con un promedio de 28 mil 912 dólares por víctima.
Finalmente, las sanciones establecidas por la OFAC a todos los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas quedan bloqueados, además, cualquier entidad en la que estas personas tengan una participación del 50% o más también queda bloqueada.
También se les prohíben a los acusados todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro de EU que involucren bienes o intereses de personas bloqueadas, incluyendo transferencias de fondos, bienes o servicios hacia o desde dichas personas.
