El gobierno federal decidió prolongar el acuerdo con el sector gasolinero para mantener la gasolina regular en un precio máximo de 24 pesos por litro. La medida se anuncia mientras el mercado energético internacional enfrenta presiones por el conflicto bélico en Medio Oriente, particularmente tras el aumento de tensiones con Irán.
Aunque el discurso oficial presume estabilidad en el precio al consumidor, analistas advierten que el costo no desaparece, cambia de bolsillo.
El grupo financiero Base explicó que la presión alcista en los combustibles es global, por lo que congelar el precio final implica que alguien más debe absorber la diferencia. Ese costo, señalan, puede trasladarse a cuatro frentes: los consumidores de gasolina Premium, el gobierno mediante recortes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la propia administración federal reduciendo precios mayoristas, o los distribuidores sacrificando parte de su margen de ganancia.
El mecanismo, además, podría provocar distorsiones en el mercado. Con un precio artificialmente contenido en la gasolina de bajo octanaje, existe la posibilidad de que su disponibilidad se reduzca. Esto empujaría a los consumidores hacia la gasolina Premium, cuyo precio no está sujeto al acuerdo y podría aumentar ante una mayor demanda.
La renovación del pacto incluye al 96 por ciento de las estaciones de servicio del país y tendrá una vigencia de seis meses. Sin embargo, el acuerdo —firmado originalmente en febrero de 2025— mantiene su carácter voluntario, sin obligaciones legales para las empresas participantes.
El contexto internacional complica aún más el escenario. La tensión en Medio Oriente ha reavivado la incertidumbre en el mercado petrolero global, sobre todo tras el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán, un paso estratégico por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.
Para facilitar el cumplimiento del tope, Petróleos Mexicanos implementó un precio mayorista nacional en sus terminales de almacenamiento y reparto para la gasolina regular. Con ello, las estaciones pueden vender el combustible por debajo de los 24 pesos por litro.
El esquema contempla que exista un diferencial máximo cercano a dos pesos entre el precio mayorista y el precio al público, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.
En los hechos, el gobierno sostiene un precio políticamente conveniente en plena turbulencia internacional. La pregunta de fondo es quién terminará pagando la factura real de esa gasolina “congelada”.
