El pasado 30 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los resultados del desempeño de las finanzas públicas al cierre de abril, que incluyen la evolución de la deuda pública. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la información correspondiente e identificó que:
- Entre enero y abril de 2023, el costo financiero de la deuda pública -o el gasto registrado por cargos por intereses, comisiones y otros conceptos derivados de la deuda pública y del saneamiento del sistema financiero- fue de 326 mil 372.6 millones de pesos. Esta cantidad es 53.3% mayor en términos reales con respecto al costo en ese mismo período en 2022.
2. Este monto se elevó debido al incremento de la deuda total y las tasas de interés (una diferencia de 2.35 puntos porcentuales entre Criterios Generales de Política Económica y la tasa objetivo del Banco de México), y un crecimiento económico prácticamente nulo en términos reales (-0.3% entre 2019 y 2022).
3. Entre 2019 y 2022, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) -el universo de la deuda del sector público federal- aumentó casi 5 puntos porcentuales como proporción del PIB.
4. Entre diciembre de 2018 y abril de 2023, el monto total de la deuda aumentó 3.37 billones de pesos, lo que representa un incremento en términos reales de 5.7%.
La deuda representa un riesgo para las finanzas públicas de un país cuando su uso no es productivo o, en otros términos, cuando no se utiliza para objetivos que contribuyan al crecimiento del país, como la infraestructura. Sin embargo, en México actualmente coexiste un bajo nivel de crecimiento económico con un incremento en la deuda. Dado que se prevé una tasa de interés promedio de 9.7% para el próximo año -como se registró en los Precriterios Generales de Política Económica 2024-, este panorama pone en riesgo la sostenibilidad presupuestaria del país. En ese sentido, IMCO Propone:
Vincular la contratación de deuda con partidas de gasto específico. Actualmente se conocen los montos de deuda contratados; sin embargo, para saber en qué son empleados estos recursos es imprescindible transparentar su uso. Todo proyecto o programa presupuestario debe indicar si emplea o no recursos obtenidos por financiamiento y en qué cantidad.
Asociar la deuda con la inversión productiva. Tanto el Poder Legislativo -en especial la Cámara de Diputados que tiene la facultad de la aprobación y vigilancia del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)- como la SHCP deben garantizar que la contratación de deuda permanezca como un instrumento de financiamiento empleado en propósitos y planes productivos. La adquisición de deuda debe relacionarse de manera estratégica con el desarrollo de proyectos de inversión pues, bien gestionada, mejorará las condiciones de vida de las personas.
