La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México requiere un rediseño estructural en la manera en que las organizaciones evalúan el desempeño, al pasar de esquemas centrados en el tiempo de permanencia a modelos basados en objetivos, indicadores verificables y eficiencia operativa, señalaron especialistas.
Desde su perspectiva subrayan que la reforma no debe limitarse a disminuir el número de horas trabajadas, sino acompañarse de mecanismos que aseguren la sostenibilidad empresarial y la preservación del empleo formal.
“La transformación representa una oportunidad para modernizar la estructura laboral del país. El reto consiste en equilibrar el bienestar de las personas con la viabilidad financiera de las empresas”, afirmó Estela Martínez, Head de People de Buk.
La empresa indicó que la coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada será determinante para diseñar programas de acompañamiento técnico, incentivos y esquemas de transición gradual que permitan a las compañías -especialmente a las micro, pequeñas y medianas- ajustarse sin comprometer su operación.
México encabeza la lista de países con más horas trabajadas dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un promedio de 2,226 horas anuales por persona, alrededor de 500 horas por encima del promedio de las economías más desarrolladas.
Señalaron que la experiencia internacional muestra que es posible reducir la jornada sin afectar la productividad, siempre que el proceso sea escalonado y esté respaldado por digitalización y gestión por resultados.
En Chile, la disminución progresiva de 45 a 40 horas ha avanzado mediante estrategias graduales y reorganización de procesos. En Colombia, donde la jornada transita hacia 42 horas semanales con meta a 2026, los primeros análisis no reportan impactos negativos en productividad, particularmente en sectores con mayor adopción tecnológica.
Advirtieron que una implementación abrupta podría generar presiones financieras relevantes, incluyendo riesgos de cierres, recortes de personal o incremento de la informalidad, si no se establecen mecanismos de transición adecuados.
