Un juez estadounidense desestimó este miércoles gran parte de la demanda de 10,000 millones de dólares presentada por México para responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de armas de fuego a los violentos cárteles de la droga a través de la frontera entre ambos países.
El juez de distrito estadounidense Dennis Saylor, de Boston, desestimó las demandas contra seis de las ocho empresas que México demandó en 2021, entre ellas Sturm, Ruger & Company y Glock, alegando problemas jurisdiccionales.
Según Saylor, la conexión de las seis empresas con Massachusetts es “mínima en el mejor de los casos”. Indicó que ninguna de ellas se estableció en el estado y que México no demostró que cualquier arma de fuego vendida en Boston le causaran daño.
Aunque México argumentó que estadísticamente era probable que algunas armas de fuego vendidas en Massachusetts acabaran siendo traficadas ilegalmente a México, Saylor comentó que el país carecía de pruebas suficientes para demostrar un nexo jurisdiccional.
Otras empresas contra las que desestimó las demandas fueron Barrett Firearms Manufacturing; Colt’s Manufacturing Company; Century International Arms y Beretta USA.
Los demás acusados son Smith & Wesson Brands, que en 2021 anunció que se mudaría a Tennessee desde Massachusetts debido a las regulaciones de armas, y el mayorista Witmer Public Safety Group.
Lawrence Keane, asesor general del grupo comercial de la industria National Shooting Sports Foundation, dio la bienvenida a la decisión de Saylor de rechazar la “evidente búsqueda del foro más conveniente” por parte de México, y expresó optimismo de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimaría el resto del caso.
En abril, las empresas pidieron a la Corte Suprema que revisara una decisión de un tribunal de apelaciones federal que determinó que el caso calificaba para una excepción a una ley llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que otorga a la industria de armas de fuego amplia protección contra demandas por mal uso de sus productos.
México continuará acciones legales
La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo a Reuters que el Gobierno continuará con acciones legales, y otras medidas, en contra de las seis compañías fabricantes de armas.
“Esta decisión no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas”, manifestó la dependencia.
Steve Shadowen, un abogado que representa al México, señaló que el país estaba decepcionado con la decisión y estaba considerando si apelar los reclamos desestimados, volver a presentarlos en otros tribunales o buscar otras opciones legales.
La demanda responsabiliza a los fabricantes de armas de socavar sus estrictas leyes de armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar en formas que sabían que armarían a los cárteles de la droga y alimentarían asesinatos, extorsiones y secuestros.
México afirmó que más de 500,000 armas se trafican anualmente a México desde Estados Unidos, más del 68% de las cuales son fabricadas por empresas que demandó.
México añadió que el contrabando contribuye a las altas tasas de muertes relacionadas con armas de fuego, a la disminución de la inversión y de la actividad económica y a la necesidad de gastar más en la aplicación de la ley y la seguridad pública.
