Moody’s Ratings señaló que Pemex continuará con riesgos crediticios y problemas financieros en el mediano plazo, en caso de que el gobierno de Claudia Sheinbaum no implemente un cambio estructural en la estrategia operativa de la firma.
Indicó que los indicadores crediticios de la empresa siguen debilitándose, con un flujo de efectivo libre negativo a medida que la petrolera se centra en un negocio de refinación, que le genera pérdidas, para aumentar la producción de combustible, mientras que limita su inversión en exploración y producción.
La calificadora previó que el gobierno de Sheinbaum continuará apoyando a Pemex con el pago de los vencimientos de deuda, y que la estrategia operativa de la compañía se mantendrá prácticamente sin cambios, al menos durante 2025.
“Sin embargo, los principales riesgos crediticios de Pemex se están desplazando hacia el ámbito financiero, alejándose de la producción de petróleo, en particular, cómo manejará y abordará las crecientes obligaciones de deuda en 2026-2027”, apuntó en un análisis publicado este miércoles.
Expuso que la estrategia de Pemex determinará en qué medida reducirá sus necesidades de liquidez, disminuirá su dependencia del apoyo gubernamental y mitigará el riesgo de un canje de deuda forzoso.
Consideró que los canjes de deuda forzosos son una forma de incumplimiento y que en cualquiera de los dos escenarios previstos, la empresa continuará generando un flujo de efectivo libre altamente negativo durante los próximos años, a menos de que implemente un cambio estructural en su estrategia operativa.
La calificadora señaló que uno de los dos escenarios para la petrolera mexicana es que la administración de Sheinbaum mantenga las políticas fiscales que se llevaron a cabo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el foco en la autosuficiencia de combustibles mediante la refinación y la comercialización, y posiblemente incluya una reforma fiscal.
“En este escenario, Pemex requeriría un mayor apoyo del gobierno en los próximos años para cubrir sus obligaciones de deuda y requerimientos de liquidez”, consideró Moody’s.
Aseveró que apoyar a Pemex es cada vez más costoso para el gobierno de México y que la necesidad de subsidios casi se duplicará para 2026 con respecto a los niveles de 2019-2023, ante los importantes vencimientos de deuda y el continuo flujo de efectivo libre negativo.
“La deuda de Pemex ascendía a unos 97,300 millones de dólares en septiembre de 2024 y, en vista de su actual estrategia de negocio, la empresa necesitaría un apoyo importante y continuo del gobierno para satisfacer sus necesidades de liquidez cada año”, destacó.
Indicó que para 2026 se requerirán unos 17,400 millones de dólares por parte del gobierno para continuar con su política actual centrada en la refinación, incluidos alrededor de 12,700 millones en vencimientos de deuda a largo plazo, lo que supera ampliamente el promedio anual de 9,200 millones de dólares durante 2019-2023, periodo en el que gobernaba López Obrador.
Finanzas mexicanas debilitadas
Moody’s Ratings señaló además que la capacidad del gobierno de apoyar a Pemex “se ha debilitado con el tiempo”.
Explicó que la estructura de gastos se ha vuelto más rígida desde 2018, en parte, debido al apoyo recurrente a Pemex, así como a un incremento de los gastos por pensiones y al aumento de los pagos de intereses, lo cual ha reducido los medios fiscales del gobierno para apoyar a la compañía.
“Además, desde 2023, los pagos de Pemex al gobierno han disminuido, lo que en parte refleja la disminución de la tasa del derecho de utilidad compartida (DUC) y las compensaciones fiscales”, aseveró.
La calificadora recordó que el DUC es un impuesto a la extracción que Pemex le paga al gobierno por el derecho de producir petróleo en territorio soberano, que está protegido en la Constitución.
“La tasa del DUC ha caído al 30% en 2024 desde el 65% en 2018”, contrastó Moody’s.
“Esperamos que las contribuciones directas de Pemex al gobierno solo sean de alrededor de 7,000 millones de dólares en 2024, incluidos los pagos del DUC, frente a los 17,400 millones en 2023”, agregó.
En este escenario, Moody’s destacó que no contemplan que Pemex y el gobierno consideren refinanciar la deuda para aliviar la carga financiera de la empresa.
¿Un segundo mejor escenario?
Moody’s expuso que en un segundo escenario Pemex emprendería un proceso de reestructuración de la deuda con ayuda del gobierno en 2025.
Aseveró que esta estrategia mejoraría significativamente el flujo de efectivo de Pemex, aunque la empresa seguiría necesitando apoyo adicional, ya que alrededor de 44,000 millones de dólares vencen en el periodo de 2025 a 2030, a septiembre de 2024.
Añadió que un proceso de refinanciamiento/reestructuración de la deuda le ahorraría a Pemex 4,700 millones de dólares en 2025, incluidos los vencimientos y los pagos de intereses, más 8,900 millones de dólares en 2026 y 7,200 millones de dólares en 2027, pero no eliminaría la necesidad de la empresa de recibir apoyo del gobierno.
“Incluso si el refinanciamiento de la deuda eliminara la necesidad de Pemex de depender del apoyo del gobierno para cubrir sus vencimientos de deuda a largo plazo, de todos modos aumentaría el riesgo de la empresa de atravesar un canje de deuda forzoso, el cual definimos como un evento de incumplimiento”, señaló.
Para la calificadora, este segundo escenario provocaría que Pemex refinancie la mayoría de sus vencimientos de 2026 y 2027 con ayuda del gobierno, en junio de 2025, sin embargo, indicó que ambos supuestos dan cuenta de las implicaciones crediticias de la actual estrategia de la empresa y su capacidad para sortear los obstáculos financieros “inminentes” bajo el nuevo gobierno.
“Una mayor probabilidad de un canje de deuda forzoso y pérdidas excesivas para los tenedores de bonos aumentarían la presión sobre la calidad crediticia de Pemex e incluso conducirían a tasas de interés más altas en futuras emisiones de deuda”, advirtió.
Añadió que dependiendo del refinanciamiento o reestructuración de la deuda, la posible subordinación podría crear diferenciales de calificación entre las distintas emisiones.
“Probablemente calificaríamos las nuevas emisiones por encima de la deuda no garantizada si las nuevas emisiones contaran con garantías formales del gobierno federal”, estimó.
La agencia espera que Pemex, en ambos escenarios, comience a invertir junto con el sector privado y a través de esquemas de asociaciones, es decir, la cesión de intereses en petróleo o gas natural a terceros para su desarrollo en forma de bloques de exploración o superficies de perforación.
