El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que el próximo gobierno necesitará invertir en energía para capitalizar el efecto de la relocalización de empresas a fin de estar cerca del mercado estadounidense, fenómeno conocido como nearshoring, pues el país no se desarrollará si no invierte primero infraestructura que garantice energía suficiente a toda la ciudadanía y a todos los sectores económicos.
De acuerdo con el estudio “Propuestas para la energía que queremos 2024-2030”, la energía es un asunto de bienestar, de desarrollo y competitividad, de seguridad nacional y de medio ambiente, y la próxima administración tendrá que utilizar todos los mecanismos legalmente a su disposición para invertir de forma acelerada en infraestructura energética que garantice el acceso a energía confiable, con la menor huella de carbono posible y a precios competitivos.
La organización señaló que lo anterior requerirá de inversión pública y privada en todos los eslabones de las cadenas, tanto de hidrocarburos como de electricidad, sin afectar las finanzas públicas.
El IMCO explicó que la economía mundial ha sufrido un cambio estructural hacia la regionalización de las cadenas de valor, y al mismo tiempo el sector energético global experimenta grandes cambios que obedecen a cuestiones económicas, tecnológicas, geopolíticas y ambientales.
En ese contexto, México tiene el potencial de beneficiarse de esos cambios y utilizarlos para catalizar mayores niveles de desarrollo y bienestar para la población, pero requiere una matriz energética suficiente y diversificada que pueda adaptarse a cambios abruptos en la oferta y demanda.
Que refinerías procesen productos de mayor valor
En materia de petróleo, señaló el IMCO, México tiene que apostar por maximizar el valor de este activo desde una perspectiva de equidad intergeneracional; es decir, lograr que los ingresos provenientes de la explotación de un recurso no renovable como el petróleo beneficien a las generaciones que vivirán una vez que se agote, no sólo a las presentes.
Para ello, apuntó, es necesario promover la colaboración entre Pemex y operadores privados; rediseñar el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para financiar la transición energética; desarrollar una estrategia para que las refinerías procesen productos de mayor valor agregado y para reconfigurar las instalaciones para petroquímica, y facilitar el otorgamiento de permisos de importación de combustibles.
En gas, el país puede aprovechar las ventajas como combustible de transición, al desarrollar infraestructura de almacenamiento y de transporte, así como una estrategia efectiva para minimizar las emisiones fugitivas de metano a la atmósfera.
En electricidad, ante el incremento pronosticado de la demanda de energía eléctrica, el país corre el riesgo de presentar un déficit de generación de no reanudar la inversión pública y privada. De igual forma es necesario reforzar la infraestructura de transmisión para que crezca a un ritmo consistente con el crecimiento de la demanda eléctrica, de tal manera que las centrales eléctricas públicas y privadas que iniciarán operaciones en los siguientes años puedan atender el crecimiento de la demanda.
Esto requiere cumplir con la normatividad y regulación para el otorgamiento de nuevos permisos de generación eléctrica; ejercer en su totalidad los recursos aprobados para inversión en infraestructura de transmisión y distribución; priorizar las inversiones en áreas de negocio donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera utilidades; y aprovechar los mecanismos de financiamiento de inversión disponibles, como las Asociaciones Público Privadas (APP’s) y la Fibra E.
