La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció los avances en México en materia de contrataciones públicas, pero también lo instó a mejorar el esquema, pues las contrataciones se han convertido en una herramienta para prestar servicios públicos de calidad.
El volumen de recursos destinados a la contratación pública conlleva riesgos relacionados con ineficiencias, por ejemplo, derivadas de una competencia insuficiente, pero también oportunidades para lograr objetivos de política pública complementarios, como facilitar la transformación digital del sector público, de acuerdo con el reporte “Prácticas de contratación pública de TIC para promover la neutralidad y la interacción con el mercado en América Latina”.
En este sentido, la OCDE señaló que en México existen políticas y estrategias de gobierno digital dirigidas desde el centro de gobierno.
En diciembre de 2018, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) para establecer que el Ejecutivo contara con una unidad de apoyo técnico para definir las políticas relativas a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y gobierno digital.
De hecho, la política de gobierno digital de México está consolidada en la Estrategia Digital Nacional (EDN) y encabezada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), una unidad administrativa de la Presidencia de la República.
No obstante, la OCDE indicó que en tres países analizados (México, Chile y Colombia), los gobiernos deberían reconocer el carácter estratégico de la contratación pública. En concreto, la compra de computadoras puede apoyar la ágil prestación de servicios públicos, la modernización de las instituciones públicas y la conectividad de regiones marginadas.
Añadió que también es importante desarrollar las capacidades de los funcionarios de contratación pública en América Latina para abordar eficazmente retos como la dependencia del proveedor, y las autoridades contratantes deben tratar de obtener valor por dinero y permitir la experimentación y la toma de riesgos para favorecer la innovación y los enfoques dinámicos.
Además, agregó el organismo internacional, las autoridades contratantes deben evitar el uso de marcas comerciales en la adquisición de computadoras y favorecer la utilización de normas técnicas e índices de referencia (benchmarks) que permitan comparar el desempeño de las computadoras y sus componentes.
Abundó en que las autoridades contratantes deben fortalecer la investigación de mercado y las prácticas de interacción con el mercado para crear condiciones de igualdad para todos los proveedores de computadoras y entender los riesgos de dependencia, al tiempo que deberían poner a prueba sistemas de compra dinámica (DPS) para la adquisición de computadoras, a fin de permitir una participación más amplia de los proveedores y la incorporación dinámica de innovaciones.
No obstante, el organismo mencionó que dada la falta de experiencia con el cálculo del costo del ciclo de vida (CCV) en América Latina, las autoridades de contratación pública deberían adoptar un enfoque gradual para la implementación, con una primera fase centrada en el desarrollo de prácticas y metodologías mediante la puesta a disposición de estructuras de apoyo.
