El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que la devastación por el huracán Otis en Guerrero meterá presión al Presupuesto 2024, ya que necesitarán más de 270,000 millones de pesos (mdp) para la reconstrucción de Acapulco y otros municipios.
“La devastación de Acapulco y otras comunidades cercanas por el huracán Otis categoría 5 sin duda ejercerá una importante presión sobre los recursos del erario”, revela el organismo a cargo de Carlos Hurtado López.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de emergencia para Acapulco por 61,300 millones de pesos, pero “otras instancias sitúan el costo en alrededor de 15,000 millones de dólares, unos 270,000 millones de pesos”.
“La falta de presupuesto asignado al desastre causado por el huracán Otis y la imposibilidad legal de utilizar los recursos de la Tesorería (al no estar en el Presupuesto de Egresos de la Federación [PEF]) complican la recuperación, reconstrucción y rehabilitación de Acapulco y las otras ciudades y regiones gravemente afectadas”, manifesta.
“Las circunstancias son propicias para que el PEF 2024 considere e incluya las necesidades requeridas para atender la devastación causada por el huracán Otis de forma transparente, democrática y constitucional, a fin de mitigar la evidente destrucción que trajo consigo”, apuntó sobre el Presupuesto para el próximo año, cuya aprobación debe darse en los próximos días.
Hoy la responsabilidad es exclusiva de la Cámara de Diputados y es recomendable evitar una modificación, o sea, una ampliación a la Ley de Ingresos ya aprobada por el Congreso para 2024, explica el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Dicha ley incluye un endeudamiento demasiado elevado, que supera por mucho el presupuesto previsto para la inversión pública. Es inapropiado desde el punto de vista fiscal y contraviene la Constitución”, expresa.
Recuerda que procedería una modificación al proyecto de PEF 2024 enviado por el Ejecutivo -desde el 7 de septiembre- a fin de prever el gasto público necesario, con la mejor estimación posible por ahora, para atender el desastre natural en Acapulco sería responsable, dada la naturaleza del evento.
“La responsabilidad radica en considerar el cambio de prioridades de la política económica que trajo consigo”, dice el CEESP.
“La renuencia a modificar la composición del Presupuesto ya aprobado para el 2020 cuando se presentó la pandemia en ese año implicó que los costos sanitarios y económicos fuesen excesivamente elevados, incluyendo tasas de mortalidad humana de las más elevadas del mundo y de cientos de miles de empresas pequeñas y medianas”.
Ahora hay la oportunidad de prever el gasto a destinarse al evento sorpresivo incluso antes de aprobar el presupuesto de egresos de la federación.
El dictamen del Presupuesto de Egresos 2024 debería considerar al menos el programa de emergencia anunciado por el gobierno en cuanto a las reasignaciones previas a su aprobación con total transparencia, añade.
“Hasta ahora no ha sido así. El predictamen apoyado por el partido del gobierno considera sólo reasignaciones por 13,500 millones de pesos, claramente motivados políticamente al estar concentrados en el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral principalmente (11,500 millones de pesos), el Poder Legislativo y otros órganos autónomos”.
Según el CEESP, el discurso oficial sostiene que hay recursos suficientes para todo lo necesario.
La Secretaría de Hacienda anunció en este sentido que hay 600,000 millones de pesos “disponibles” en la Tesorería de la Federación, “pero la suficiencia de recursos que se presume simplemente no procede”, atajó el CEESP.
“De acuerdo con la legalidad, los recursos de la Tesorería sólo se pueden utilizar para gasto público si así está explícito en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 que se apruebe”.
La oportunidad de hacer adecuaciones al proyecto de Presupuesto con tiempo y de manera transparente aparentemente no está siendo considerada por el gobierno y su partido, agrega.
La desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en su forma previa de fideicomiso ha sido muy grave, al no contar con ese recurso precautorio. La figura del fideicomiso le daba seguridad al mantenimiento del fondo en niveles adecuados, precisa.
“Al ser ahora solamente un programa presupuestario, no necesariamente se le destinan los recursos no utilizados”, advierte el CEESP.
