Aunque se liberaran los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, en perjuicio de sus trabajadores, el dinero público para reconstruir Acapulco sería menor al destinado en 2014 tras los impactos de Ingrid y Manuel, huracanes de menor agresividad que Otis, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El centro de investigación recordó en un análisis sobre el Presupuesto de Egresos 2024 que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció 61 mil 313 millones de pesos (mdp) para Acapulco.
Por otro lado, si se ajusta por inflación, el monto del fondo de reconstrucción para el puerto en 2014, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, sería de alrededor de 97 mil 367 mdp de 2024.
Aunque se abonaran los 15 mil 435 mdp de los fideicomisos eliminados por el Congreso, habría un recurso total por 76 mil 746 mdp, lo que el IMCO consideró insuficiente frente a la magnitud del impacto de Otis.
El organismo reiteró que el sector privado estima las pérdidas hasta en 16 mil millones de dólares o 287 mil mdp, por lo que la suma anterior sólo alcanzaría a cubrir una cuarta parte de los daños calculados.
“A pesar de la destrucción, el gobierno federal no ha emitido ningún comunicado oficial con estimaciones del impacto económico y los datos disponibles provienen de aseguradoras o calificadoras”, refirió.
El IMCO criticó que el monto de ayuda federal para Acapulco tras Otis carece de un programa de entrega público que permita diferenciar entre recursos fiscales de 2023 y 2024.
Expuso que frente a las necesidades evidentes en Guerrero, se esperaban adecuaciones en el Presupuesto de Egresos 2024 para determinar un monto y mecanismos de operación de apoyos a través de un programa o grupo de programas enfocados exclusivamente a la reconstrucción del puerto.
Sin embargo, señaló, esas modificaciones puntuales no se hicieron ni en la Comisión dictaminadora ni en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Esta semana la Cámara de Diputados avaló en lo particular y en lo general el Presupuesto de Egresos 2024, pero Morena se negó a etiquetar recursos a la reconstrucción de Acapulco y sólo confió en que se puedan usar los más de 15 mil mdp de los fideicomisos del Poder Judicial.
No obstante, precisó el IMCO, la extinción de los fideicomisos es un asunto que no ha agotado todas sus instancias, pues está en un proceso legal en busca de una resolución o decisión por parte de un juez o tribunal.
Apuntó que el 8 de noviembre una jueza otorgó una suspensión provisional que impide la transferencia de los recursos de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación.
El objetivo, agregó, es proteger los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, pues esos fideicomisos no solo están compuestos por recursos públicos, sino también privados.
“En suma, la disponibilidad de los recursos que se pretenden destinar a la reconstrucción del puerto no está garantizada, pues se estaría haciendo en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”, manifestó.
El IMCO señaló además que no se establecieron criterios y procedimientos claros para el uso de los recursos de los fideicomisos.
“Los diputados simplemente aprobaron un candado político para el Poder Judicial, no un programa en favor de los guerrerenses”, aseveró.
