La limitación del interés legítimo y de las suspensiones provisionales derivadas de la reforma a la Ley de Amparo puede erosionar la certeza jurídica, afectar la competitividad de las cadenas productivas y poner en riesgo empleos e inversiones, afirmó la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
El organismo reconoció la intención del Ejecutivo de agilizar procesos y sancionar dilaciones en la justicia, pero consideró que algunos de los componentes de la propuesta aprobada en el Senado pueden tener consecuencias negativas para la seguridad jurídica de la industria nacional.
Sostuvo que la iniciativa limita el interés legítimo a quienes acrediten una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”, lo que restringe la defensa de derechos colectivos y dificulta que cámaras empresariales u organizaciones puedan proteger normas de interés común, por ejemplo, en materia ambiental o de competencia.
“Expertos advierten que esta definición ‘entorpece la admisión de amparos’ y excluye a actores que tradicionalmente han defendido a comunidades y sectores completos”, manifestó en un comunicado.
Añadió que la reforma a la Ley de Amparo excluye la posibilidad de suspensión inmediata en casos clave como bloqueos de cuentas, deuda pública, sistema financiero, telecomunicaciones y competencia económica.
En términos industriales, detalló, significa que una empresa puede perder de inmediato su concesión o autorización, aun si más adelante un juez le da la razón, lo que genera un riesgo regulatorio severo y desincentiva la inversión.
Canacintra afirmó que la propuesta elimina la posibilidad de ampliar la demanda en la mayoría de los casos, y se limita el amparo contra procedimientos fiscales de ejecución y prescripción de créditos firmes.
“Esto deja a las empresas con menos vías para defenderse de decisiones tributarias que pueden afectar seriamente su liquidez y continuidad operativa”, expresó.
Señaló que la iniciativa permitiría que autoridades queden exentas de responsabilidad penal si alegan imposibilidad jurídica o material para acatar una sentencia.
Apuntó que esta disposición podría debilitar la efectividad de los amparos ganados por empresas, ya que las resoluciones a su favor podrían no traducirse en una reparación efectiva.
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Destacó que telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica quedan fuera de la posibilidad de suspensión, y que para las industrias que dependen de concesiones y autorizaciones en estos sectores, implica vulnerabilidad inmediata frente a actos administrativos, aun cuando resulten ilegales.
Exhortó al Congreso a no aprobar “disposiciones regresivas” que restrinjan indebidamente la defensa legal de empresas y ciudadanos.
Solicitó foros de Parlamento Abierto incluyentes, donde participen juristas, constitucionalistas y representantes empresariales, a fin de corregir los supuestos riesgos.
“Canacintra mantiene su disposición al diálogo constructivo, convencida de que una reforma legítima debe fortalecer la justicia sin sacrificar las garantías constitucionales que permiten a México crecer y competir en el mundo”, agregó.
