La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado es un grave retroceso en un momento decisivo para la justicia constitucional en México, sostuvo la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
La cúpula patronal reconoció los ajustes realizados al dictamen aprobado anoche, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias, pero advirtió que persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo.
Recordó que el juicio de amparo ha sido un instrumento que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional, y que gracias a este recurso, negocios familiares, micro y pequeñas empresas han podido defenderse frente a abusos de autoridad, por lo que cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo.
“Valoramos la apertura a escuchar voces sociales y empresariales, así como el reconocimiento a la figura del interés legítimo colectivo. No obstante, esta sigue siendo limitada y corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública”, expuso en un comunicado.
Ejemplificó que un ciudadano o un negocio que busque detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable, ya no podrá hacerlo si no demuestra ese interés inmediato.
En materia de suspensión del acto reclamado, observó rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata.
Señaló que en casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio, lo que puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de familias.
Agregó que otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos, pues al exigirse solo depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas.
Reconoció que las autoridades ahora enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, pero advirtió que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo demasiado abierta.
“Bastará alegar falta de presupuesto o de recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos”, expresó.
Calificó como grave que en la sesión plenaria se reincorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el carácter retroactivo de la reforma.
“Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos”, aseveró Coparmex.
La organización hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de la reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo.
