A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliará de manera significativa sus facultades de fiscalización, lo que ha encendido alertas entre fiscalistas y especialistas, quienes advierten riesgos legales, económicos y de derechos para los contribuyentes.
Las reformas al Código Fiscal de la Federación, aprobadas por el Congreso, se centran en el combate a las llamadas “factureras”. Para ello, se establece un proceso exprés que permitirá al SAT detectar y sancionar comprobantes fiscales falsos, reduciendo drásticamente los tiempos de aclaración y defensa para personas físicas y morales.
El nuevo marco legal también se armoniza con delitos que ameritan prisión preventiva, lo que abre la posibilidad de que un juez ordene cárcel por cualquier actividad relacionada con facturación simulada, tanto para quienes emiten como para quienes reciben los comprobantes.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la facultad de suspender de forma inmediata la emisión de facturas, lo que en la práctica podría paralizar a empresas mientras se resuelve su situación legal.
Asimismo, el SAT podrá publicar nombres de presuntos factureros, imponer plazos de respuesta bajo presión a terceros, realizar visitas domiciliarias sin orden judicial y fiscalizar en tiempo real operaciones digitales. Especialistas advierten que estas atribuciones colocan a los contribuyentes en una posición de desventaja, vulneran la privacidad y ponen en riesgo ingresos, inversiones y empleos.
